El Gobierno lo ha intentado. Desde la vicepresidencia de Transición Ecológica buscan que el lobo ibérico sea una especie protegida. Sin embargo, hay cuatro comunidades autónomas que siguen empeñadas en que el lobo sea considerado una especie a la que abatir a tiros cuando se le considere una amenaza (que según algunos ganadores y cazadores, es durante todo el año). Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León han conseguido paralizar la idea del Gobierno de incluir al lobo en el listado de protección especial. Hay que matarlo, según su criterio, porque la población está descontrolada y porque amenaza al ganado. Aún así, fuentes del Gobierno consultadas por este medio aseguran que la cosa no se quedará aquí, sino que seguirán peleando para conseguir que no se pueda matar lobos por antojo.
La idea de incluir al lobo en el listado de protección especial fue del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), pero estas cuatro comunidades autónomas, históricas cazadoras de lobos, se han negado en rotundo y han impuesto una dictadura cinegética que somete al lobo al criterio de los ganaderos y cazadores. En vez de buscar soluciones que no pasen por coser a tiros a un animal que lleva años en riesgo, estos colectivos de estas comunidades autónomas se empeñan en que siga siendo legal apretar el gatillo contra el lobo ibérico.
No es motivo de celebración para los colectivos animalistas. La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) ha lamentado profundamente la decisión del Gobierno de ceder ante las presiones de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. Pero PACMA e incluso desde Unidas Podemos se muestran insatisfechos con la posibilidad de que se pueda matar a este animal en estos territorios del norte de España.
Unidas Podemos no comparte en absoluto esta postura. Quieren seguir peleando porque el lobo se incluya en el conocido Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespe), pero parece que el pulso lo han ganado de momento cuatro comunidades autónomas que están volcadas en complacer las demandas (no del todo justificada mediante informes oficiales) de que el lobo es una clara amenaza para su modo de vida.
El Gobierno lo ha intentado y han asegurado a este medio que no van a dejar de intentarlo, pero no quieren hacerlo con el criterio en contra de cuatro presidentes autonómicos, precisamente de los territorios en los que mayor presencia hay del lobo ibérico. No olvidemos que al sur del río Duero es una especie protegida, pero al norte se puede abatir a tiros sin demasiadas consecuencias.
La propuesta de proteger al lobo ibérico estaba encima de la mesa desde hace meses. Se creó un grupo de trabajo formado por técnicos del Ministerio de Transición Ecológica y de las comunidades autónomas más afectadas por la presencia de este animal. Sin embargo, el no llegar a un acuerdo ha sido motivo suficiente para que el ministerio sea complaciente con las comunidades autónomas y les permitirá seguir abatiendo esta especie mientras los propios ganaderos y cazadores no estén de acuerdo con lo contrario.
No olvidemos que se paga hasta 3.500 euros por parte de cazadores particulares para abatir a un lobo ibérico con el único y exclusivo afán de matarlo y colgar su cabeza en un salón o un despacho. Es un negocio relativamente lucrativo que supone para las arcas municipales (siempre que los ayuntamientos sean propietarios de cotos) o de gestión privada un buen dinero todos los años. Y a más lobos, más dinero. Pero en este caso, parece que la cuestión económica no tiene tanto que ver, sino más el asunto de los ganaderos y de los presuntos ataques de lobo al ganado.
Desde Ascel y otras asociaciones animalistas están convencidos de que no hay evidencias científicas que avalen que matar al lobo evite las consecuencias negativas de las que se quejan las comunidades autónomas. Pero aun así, parece que el Gobierno se ha mostrado complaciente con los presidentes autonómicos que no quieren condicionar el voto cazador y ganadero por simplemente proteger a una especie que no les dará continuidad al frente del gobierno.
