Los concejales de la CUP en Navarcles (Barcelona) Ylènia Morros y en Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona) Isaac Ruana no se han presentado este viernes a la citación judicial para declarar como investigados por el corte de la AP-7 en La Jonquera (Girona) que organizó Tsunami Democràtic tras conocerse la sentencia del 1-O.
En declaraciones a los medios frente a los Juzgados de Figueres (Girona), donde estaban citados, han explicado que lo han hecho porque no reconocen las acusaciones que se les atribuyen, y consideran que esta «es la forma más directa y clara de mostrar» su rechazo.
Morros ha explicado que es la segunda vez que no se presenta a una citación por esta causa, porque ya fue citada en febrero a la comandancia de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), y a preguntas de los periodistas su abogado ha detallado que el juez puede ordenar su detención por no asistir a la citación.
Ruana ha criticado «la deriva psicótica del Estado español una vez más represaliando a personas que lo único que han hecho es ejercer su derecho a movilizarse y manifestarse», y ha dicho no sentirse representado por el Juzgado en el que estaba citado.
Ha llamado a otros concejales a «tomar partido en esta desobediencia poniendo de manifiesto que esto no deja de ser un macroproceso judicial sin lógica».
El abogado de Alerta Solidària Martí Majoral ha recordado que hay 197 personas encausadas por la protesta, y ha señalado que otras protestas han cortado la misma vía con otras reivindicaciones: «Viendo que otras movilizaciones similares no reciben este tratamiento judicial por la vía de la persecución penal, llegamos a la conclusión que solo hay un motivo que justifique lo que nos están haciendo hacer, la motivación ideológica, porque es una movilización independentista».
Ha explicado que ya han declarado la mitad de los 197 investigados, y ha asegurado que «ni el juez ni Fiscalía han sido capaces de concretar acusaciones más allá del hecho de haber participado en esta movilización, es decir que no son capaces de indicar una relevancia penal que justifique este procedimiento judicial».
Ha criticado que «el juez insiste» en que los investigados declaren presencialmente en Figueres, lo que ha lamentado por la situación de pandemia y las restricciones a la movilidad vigentes.
MIREIA VEHÍ
Por su parte, la diputada de la CUP en el Congreso Mireia Vehí ha apoyado a los dos concejales y ha expresado que «la desobediencia civil siempre es un derecho que conquista otros derechos, y por tanto el derecho de protesta y la desobediencia civil son mecanismos para conquistar otros derechos, en este caso el derecho a la autodeterminación».
«El Estado español no solo no pone soluciones políticas sobre la mesa, no solo no pone unas urnas, no solo no pone amnistía y persigue políticamente sino que sigue persiguiendo y judicializando el conflicto como respuesta política», ha añadido Vehí.
