Muchas quejas. El Partido Popular ha puesto el grito en el cielo por la polémica Ley educativa de Isabel Celaá por, entre otras muchas cosas, eliminar el castellano como lengua vehicular. Sin embargo, el expresidente del Gobierno José María Aznar tampoco lo había hecho durante sus años al frente del Ejecutivo. Tuvo que ser Mariano Rajoy y su polémico ministro de Educación, José Ignacio Wert, el que sí incluyera por primera ve en 2013 con la conocida como LOMCE el castellano como lengua vehicular en España. Muchas protestas y muchos reproches, pero uno de los referentes populares tampoco vio del todo oportuno incluir la lengua materna en la ley. Esto ha despertado las quejas de la oposición y de la propia ministra de Educación.
La controvertida LOMLOE o ley Celaá, con la que el Gobierno quiere derogar la ley Wert, ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados. Con un total de 177 votos a favor (uno más de lo que marca la mayoría absoluta), 148 votos en contra y 17 abstenciones, se ha cumplido una de las medidas que ha tenido en mente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde que llegó a la Moncloa. Se pone fin así a un sinfín de idas y venidas cuyo resultado ha sido una nueva ley de educación, la octava de la democracia española. No obstante, nadie parece estar de acuerdo con la LOMLOE: los profesores y el alumnado han criticado severamente la nueva ley y han inundado las fachadas de los colegios concertados y las redes sociales de lazos naranjas y el hashtag #StopLeyCelaá. Por su parte, el Partido Popular está preparando una serie de medidas para tumbar la norma en las cinco comunidades que gobierna, en las cuales se concentra el 47% del alumnado de España.
La oposición alega que el castellano es la lengua oficial de España y que esta ley lo vulnera sin embargo, no fue hasta la LOMCE de 2013 cuando se hizo una referencia explícita a la lengua vehicular. Por otra parte, en la Constitución está recogido el castellano como lengua oficial. La LOMLOE establece que Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios de conformidad con la Constitución española, los Estatutos Autonomía y la normativa aplicable” derogando de esta forma la disposición adicional trigésima octava de la LOMCE , en su artículo primero que: “el castellano, lengua oficial del Estado español”, y: “El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares”.
Uno de los puntos que ha causado más controversia es el relativo a la lengua vehicular pues, al parecer, “suprime” el castellano. Una vez aprobada la LOMLOE corresponde a las comunidades autónomas determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo, alegando que los alumnos tienen derecho a recibir enseñanzas tanto en castellano como en su respectiva lengua cooficial en base a la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable. Ante el revuelo que esto produjo la misma ministra de Educación, Isabel Celaá, declaró que no supone en ningún caso que la desaparición del castellano en las aulas de aquellos territorios donde coexista más de una lengua. El objetivo, para ella, no es otro que el de que los alumnos aprendan por igual tanto la lengua oficial como la del territorio en el que estudian: «El sistema educativo debe asegurar que al finalizar la educación básica todos los alumnos y alumnas tengan un dominio pleno en la lengua castellana, en las otras lenguas oficiales donde lo sean, y en, al menos, un idioma extranjero, deseablemente dos».
Hasta la Real Academia Española (RAE) se posicionó en esta discusión y, bajo el título “Comunicado de la Real Academia Española sobre la educación en español en las comunidades autónomas bilingües” la entidad rechazó esta medida: “la preocupación principal es que el futuro texto legal no ponga en cuestión el uso del español en ningún territorio del Estado ni promueva obstáculos para que los ciudadanos puedan ser educados en su lengua materna y accedan a través de ella a la ciencia, a la cultura, o, en general, a los múltiples desarrollos del pensamiento que implica la labor educativa” afirmaban en un comunicado. Sostienen la universalidad del español y lo define como “un bien de valor incalculable”.
