Parece una ironía de mal gusto, pero lo cierto es que mientras sigue a la espera de una sentencia que la podría condenar por un supuesto delito medioambiental y malversación, Inma Mayol, el fichaje “estrella” (y recalcamos las comillas) de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, disfruta de una vida de lujo y muchos ceros dado su elevado sueldo público como responsable de Medio Ambiente del Área Metropolitana de Barcelona. Esta exconcejal cobra nada menos que 107.000 euros públicos al año. Y aunque el código ético de su partido la ha puesto entre la espada y la pared, no va a dejar su puesto hasta que llegue la sentencia; ya entonces verá si se queda en su sillón o cede el puesto a alguien con menos problemas con la Justicia.
La historia de Mayol está muy relacionada con el medio ambiente, pero quizás en un sentido que no le gustaría. No es un gran adalid en la defensa de la pureza ambiental, sino más bien alguien cuya relación con el lado ecológico no ha salido como quisiera.
Colau rescató a Mayol de las alcantarillas. La exconcejal que ahora espera una sentencia tenía un puesto en la empresa municipal de agua y alcantarillado de Palma de Mallorca y la alcaldesa consideró que era la más adecuada para trabajar en el Área Metropolitana de Barcelona. Incluso aunque tenga que esperar una sentencia precisamente por haber cometido un presunto delito contra el medio ambiente.
La Fiscalía de Medio Ambiente precisamente entiende que Mayol ha podido cometer un presunto delito por vertidos de aguas fecales al mar, nada menos, durante su paso por Palma de Mallorca. Estas aguas venían de la depuradora que presidía la exconcejal que ahora es responsable del Área Metropolitana de Barcelona.
Lo curioso de todo esto, al margen de otras cuestiones, es que el férreo código ético del partido de Colau obligaría a Mayol dimitir en caso de ser condenada. Ya con la imputación debería haber tenido algún gesto, según las consideraciones del vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, quien aseguró en un debate electoral en Antena 3 que en caso de que hubiera “apertura de juicio”, la consecuencia era clara: “dimisión”.
Al mismo tiempo, Mayol está investigada no solo por un delito medioambiental, sino por otro de malversación de fondos públicos porque la exconcejal ordenó presuntamente gastos irregulares para frenar el desastre ecológico que habría cometido. Todo en uno. Pero entre tanto, que nadie le arrebate ese sueldo que es sensiblemente superior al del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hasta 107.000 euros brutos anuales que cobra esta responsable ambiental de Barcelona. Y mientras se retrase la sentencia, los seguirá cobrando. Aunque los que exigen que dimita no las tienen todas consigo, pues no se ha desprendido ninguna intención de dimisión.
Sobre cuándo se emitirá la posible condena o exoneración no hay datos claros. Pero lo cierto es que la imagen que deja Mayol a su paso y que salpica al gobierno de Colau en Barcelona no es la mejor. La Guardia Civil investigó y registró la propia casa de Mayol en agosto de 2019 en busca de material informático que pudiera incriminarla. También en su teléfono móvil. La premisa es clara: los agentes buscaban pruebas de que Mayol destinó dinero público de forma irregular para intentar tapar presuntamente el desastre del vertido de aguas fecales.
