El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha pedido a Suiza que localicen al arquitecto Norman Foster para que declare como testigo en la causa que investiga el presunto desfalco del Campus de la Justicia de Madrid. Asimismo, ordena a las autoridades helvéticas que procedan a su detención si el arquitecto se niega a comparecer.
El titular del Juzgado Central número 5 dictó un auto el pasado 23 de octubre, en la que libra una comisión rogatoria a Suiza para que averigüen su domicilio con el fin de citarle a declarar como testigo en esta causa por videoconferencia el próximo 14 de diciembre.
El juez instructor adopta esta decisión después de que Reino Unido, a quien emitió a principios de año una Orden Europea de Investigación (EOI) con el mismo objetivo, contestara hace un mes que Foster reside en Suiza y que «debido a las restricciones impuestas por covid-19 y, a las medidas de cuarentena, no le es posible desplazarse hasta Reino Unido».
Según consta en la documentación remitida por la Unidad de Asistencia Internacional de Delincuencia Especializada Central británica al juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional, Foster estaba dispuesto a viajar a Londres para comparecer como testigo, pero la crisis sanitaria se lo impedía.
En este sentido, la policía británica indica en su escrito que la Asesoría Jurídica de Foster and Partners había comunicado que «no tendría problema alguno en proporcionar por escrito la información solicitada por España», pero que no sabía «qué han de hacer para colaborar con la investigación».
EN «PARADERO DESCONOCIDO»
Con todo ello, el juez de la Audiencia Nacional pide a Suiza que «teniendo en cuenta que el mismo se encuentra en paradero desconocido, y que han sido infructuosas las gestiones realizadas para la averiguación de su domicilio, se interesa que por las autoridades policiales competentes, se proceda a la averiguación de domicilio de Norman Foster, a efectos de su localización y citación.»
El magistrado recuerda a las autoridades helvéticas que dicha citación debe hacerse «con apercibimiento de ser detenido y conducido por la fuerza pública en el caso de no comparecer».
En caso de que no se presente a la citación, el magistrado de la Audiencia Nacional ordena que «se proceda a su detención, al objeto de ser conducido por la fuerza pública al lugar que se fije para la práctica de la diligencia y así garantizar su cumplimiento».
UN CONTRATO POR MÁS DE 13 MILLONES DE EUROS
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó el 23 de diciembre de 2004 la creación de la sociedad Campus de la Justicia de Madrid SA, una empresa de titularidad cien por cien pública que nacía con un capital social de 7.350.000 euros para poner en marcha el proyecto de unificación de sedes judiciales. La sociedad fue disuelta el 31 de julio de 2014 con Cristina Cifuentes al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Foster fue contratado en 2006 por el Gobierno de Esperanza Aguirre para construir dos de las 14 edificaciones interconectadas por una red de túneles que comprondría el complejo urbanístico de la Ciudad de la Justicia, que finalmente quedó inacabada y en situación de abandono cuatro años después, habiéndose gastado entonces 355 millones de euros.
En concreto, según expone la resolución de De la Mata, se le habría encargado levantar la sede de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia por 13, 7 millones de euros. Aunque en 2009, el gobierno madrileño y el despacho de arquitectos Foster and Partners firmaron el acta de suspensión del contrato, ya se habría facturado hasta 10,6 millones de euros por los trabajos realizados.
La causa se abrió en agosto de 2018 cuando el juez admitió una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y delitos societarios. Se encuentran investigados ocho personas, entre ellos el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada; el arquitecto y director general técnico del proyecto Isabelino Baños; el subdirector técnico José Sanz Piñar y el director del área financiera de la sociedad Campus de la Justicia de Madrid (CJM), Alicio de las Heras.
El juez afirma en su auto que la declaración del arquitecto serviría para esclarecer los hechos que están siendo investigados, ya que *ha quedado indiciariamente acreditado, entre otros elementos: la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad económico- organizativa de la sociedad Campus de la Justicia, la falta de rendición de las cuentas, que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo de varios ejercicios, deficiencias en la información remitida respecto de las inversiones financieras, de tesorería, del inmovilizado, etc.
DOS INFORMES FISCALIZADORES
El juez De la Mata y la Fiscaía Anticorrupción, entre otras cosas, basan la investigación en un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid de marzo de 2018 sobre el Campus de la Justicia que arroja diversas irregulares en distintos ámbitos.
La Cámara de Cuentas cifraba el importe total de la contratación analizada en 355.577.355,92 euros para un proyecto del que sólo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal, que no llegó a tener ni luz.
Sin embargo, la defensa del exvicepresidente segundo y exconsejero de Justicia e Interior Alfredo Prada solicitó el archivo de la causa apoyándose en un informe del Tribunal de Cuentas, que expone numerosa documentación de la sociedad Ciudad de la Justicia de Madrid (CJM) de la que la Cámara de Cuentas de Madrid decía no disponer y concluye que no cabe apreciar indicios suficientes sobre un daño material de daño a los caudales públicos.
