El caso Dina amenaza con romper un Ejecutivo de coalición. Si el vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, cae imputado por el Tribunal Supremo, lo hará por delitos menores, una realidad que hace rabiar a todos en el partido porque no entienden que por ese detalle tenga que dimitir un vicepresidente y poner patas arriba lo que tanto le ha costado a la formación morada, entrar en el Gobierno. Aún así, saben que si el Supremo imputa a Iglesias, el partido sufrirá uno de los mayores ataques motivados por una nutrida hemeroteca. Pero insiste: Iglesias no dimitirá pase lo que pase.
Los delitos por los que se pide imputar a Iglesias son revelación de secretos y/o daños informáticos. Vamos, que o bien se le investiga por haber destruido presuntamente una tarjeta de memoria con contenido privado de una de sus exasesoras o por haber desvelado secretos. Delitos que desde la formación morada entienden que son menores y absurdos (además de que insisten en que Iglesias no los cometió) y no ven motivos para que el vicepresidente tenga que dimitir de un cargo de tal responsabilidad por esas minucias.
El problema es la hemeroteca y el qué dirán, no hay político de la oposición con el que te sientes a comentar la jugada y te recuerde lo que habría hecho Iglesias en caso de que un vicepresidente del Gobierno del PP fuera imputado por exactamente los mismos delitos. Ellos se dan por respondidos, pero para su desgracia, Iglesias no tiene ninguna intención de dimitir ni aunque le impuden desde el Tribunal Supremo. Si lo hacen, aguantará la lluvia de críticas y los miles de vídeos que saldrán de su pasado, pero ya está acostumbrado. Mientras, será vicepresidente y seguirá viajando en coche oficial.
Hacer caer a Iglesias supone un duro trabajo para quienes no soportan verle en el poder. Imputaciones, juicios, pilladas en vídeos incumpliendo las normas de seguridad… todo ha sido inútil para tumbarle. Y ahora que había una gran esperanza para la oposición, que era la petición al Tribunal Supremo por parte del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de que le imputaran en el caso Dina (se tiene que hacer así porque por su condición de diputado está aforado), Podemos vuelve a aguarles la fiesta.
Unidas Podemos tiene clarísimo que acabará esta legislatura independientemente de los problemas judiciales de Iglesias. Si es imputado por esos delitos que ellos consideran «absurdos», no dejará su cargo y la formación morada podrá disfrutar de su líder al menos hasta 2023, que se celebren las elecciones generales.
La oposición insiste en que no se trata de la gravedad de los delitos, sino de la imputación en sí. «Apertura de juicio oral, dimisión», decía Iglesias en un debate electoral antes de las elecciones de abril de 2019. Y ahora, que está en esa posibilidad, el vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, dice que él no dimitirá pase lo que pase porque es una estrategia de quienes sean para apartar a Podemos del Gobierno. Lawfare, repiten.
A su vez, Podemos ha esbozado una interesante estrategia en caso de que su líder sea imputado. No es original y ya la han repetido hasta la saciedad, pero parece que se sienten amparados y protegidos al gritar que la justicia no es igual para todos y que están utilizando las instituciones judiciales para tumbar a Podemos porque no quieren que Iglesias esté en el poder.
La idea es que todos salgan a denunciar la tropelía que supondría la imputación de Iglesias y que tapen las fugas con una reacción conjunta y que ataque directamente a la justicia española por haber dado pábulo a las consideraciones de García Castellón. Lawfare hasta en la sopa para ocultar que por coherencia ideológica Iglesias debería dimitir.
