El matrimonio Iglesias-Montero está disfrutando de unos días de paz en su residencia después de semanas de acoso, ya que las protestas frente a su chalet en Galapagar se han diluido en la última semana. Según ha podido saber Moncloa.com, la expulsión del partido de la concejal de Vox Cristina Gómez puede tener que ver en esto, siendo ella una importante precursora de las concentraciones de cuyo apoyo carecen ahora los vecinos anti-Podemos.
Tras largas semanas para la pareja de políticos, en las que han visto reunirse frente a su vivienda cada día a grupos de vecinos ataviados con banderas de España y pancartas con las que pedían no solo la dimisión sino la salida de España del líder morado, Pablo Iglesias, el barrio de La Navata ha experimentado un breve periodo de paz.
El último día en que, según fuentes, se produjeron aglomeraciones fue el 15 de octubre. Desde entonces solo se escucha el viento pasar, para gratitud de los vecinos de Iglesias. El consistorio, por su parte, publicó un manifiesto en el que rogaba que se cesaran estas actividades, que «se han convertido en una situación insostenible para ellos y para todos los residentes de esa calle y colindantes», según reza el documento.
Días tranquilos que cambian la tónica justamente tras la expulsión de Vox de la concejala Cristina Gómez en el Ayuntamiento de Galapagar, que ha sido obligada a abandonar su rol en el partido por comportamientos «graves» hacia los hijos de Iglesias e Irene Montero. La pareja de Cristina, Miguel Abolafía, que estaba afiliado a Vox, también ha sido expulsado por la misma razón. No obstante, Gómez sigue manteniendo su acta como concejala en el Ayuntamiento.
Fue la denuncia a la Guardia Civil de un vecino lo que hizo descubrir estas inapropiadas conductas, que incluirían el consumo de estupefacientes delante de menores de edad, según contaron fuentes de Vox a Efe.
Cristina Gómez ya se encontraba al borde antes de caer finalmente ante la Justicia, ya que fue denunciada por Irene Montero por «coacciones y acoso diario», y su partido le había abierto un expediente por decir, sobre el ministro del Interior Fernando Gómez-Marlaska, que «le ponen los niñitos jovencitos».
LOS PRINCIPALES APOYOS, TOCADOS O HUNDIDOS
Claudina Gutiérrez, una de las primeras vecinas del municipio madrileño que empezó a acosar a los políticos en su vivienda, ha llegado a ser la portavoz de la ‘Plataforma de Sancionados por Pablo Iglesias’, vecinos que han contrarrestado la denuncia de Iglesias por acoso con otra querella por «coacciones y denuncias falsas».
Sin embargo, Gutiérrez fue protagonista de una noticia de El Confidencial de 2018 tras descubrirse que Claudina, por aquel entonces presidenta del AMPA el colegio concertado Peñalar, en Torrelodones, desviaba dinero público a su empresa privada.
Paralelamente, otro de los principales instigadores de las protestas, el activista Miguel Ángel Frontera Díaz, que no es residente de la zona, fue detenido y denunciado el pasado julio por posible grabación de imágenes del interior de la vivienda.
De esta forma, y teniendo en cuenta la nueva situación de la concejala de Vox, los dos principales propulsores de las protestas frente a la casa de Iglesias están manchados por ilegalidades o polémicas.
IGLESIAS Y PROTESTANTES SE ENQUERELLAN
Paseos con la bandera de España y con el himno nacional sonando en el móvil. Así describió Claudina Gutiérrez las marchas frente al chalet que se han sucedido durante varios meses y ahora cesan.
Esta agrupación es el resultado de la adhesión de más y más vecinos a las protestas, que han acudido al chalet diariamente con envidiable disciplina hasta que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, terminó denunciándoles por el continuado atosigamiento. En respuesta a esta querella, los vecinos se constituyeron en tal plataforma para contestar al político con su propia querella, demandándole por «coacciones y denuncias falsas«
