Investigadoras de cinco universidades públicas, entre las que se encuentra la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), han analizado el impacto de la covid-19 en el sistema público de servicios sociales en más de 60 municipios de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Euskadi y Madrid, y han elaborado un informe que indica que las profesionales de estos servicios se ha visto afectadas por «el estrés, la angustia y contención emocional» que han realizado con los grupos de población «más afectados por esta crisis sanitaria, económica y social».
En el trabajo, financiado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), participan investigadoras de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de las Islas Baleares, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Zaragoza. La investigación estará en funcionamiento hasta septiembre de 2021 y realizará un seguimiento detallado de cómo se están enfrentando a los retos derivados de la pandemia.
Las investigadoras han estudiado el alcance de la crisis desde que se decretó el estado de alarma hasta septiembre de 2020 y lo han plasmado en un informe recientemente publicado que pone de manifiesto cómo los centros de servicios sociales municipales tuvieron que reorganizar radicalmente su forma de trabajar, atendiendo a quienes demandaban ayuda por teléfono, email, WhatsApp, etc.
Según se recoge en el estudio, la atención presencial, fundamental para desarrollar estrategias integrales de ayuda, solo se ha podido mantener en casos de extrema emergencia.
En muchos casos, indica el análisis, la salud de estas profesionales se ha visto afectada por «el estrés, la angustia y contención emocional que han realizado con los grupos de población más afectados por esta crisis sanitaria, económica y social».
Las profesionales de este sistema dicen sentirse «satisfechas» con la tarea desarrollada, sin embargo, critican la falta de medios y la «sobrecarga de trabajo» a los que se han visto sometidas.
En esta línea, en el informe se alerta de «la irrupción de nuevos perfiles de personas usuarias que hasta el momento desconocían dónde se encontraba su centro de servicios sociales de referencia» y cuentan cómo ha afectado a «miles de familias que vivían del sector servicios y, especialmente, de empleos de la economía sumergida».
También se señala que la demora en el cobro de los ERTE ha supuesto que en los meses de marzo y abril «no quedara nada del presupuesto anual destinado a emergencia social en numerosos ayuntamientos de España».
Del mismo modo que ocurre en el sistema sanitario, «las dificultades y las demandas sociales cotidianas se sumaban a las generadas por la pandemia», señala el estudio, para añadir que «a un sistema previamente saturado, se ha añadido la dificultad que supone no poder realizar entrevistas presenciales o visitas domiciliarias afectando directamente a intervenciones en violencia de género o de seguimiento de menores en situaciones de riesgo».
La dependencia aparece como otro de los ámbitos «más perjudicados». Tal y como afirma una trabajadora social entrevistada, «las valoraciones de dependencia se dejaron de hacer en marzo y no se sabe cuándo se van a retomar, con las implicaciones que este retraso supone para miles de personas dependientes y sus familias».
En cuanto a previsiones de futuro se teme «lo peor» en algunos territorios, especialmente ligados a la estacionalidad (economías altamente dependientes del turismo o el trabajo agrícola), así como cuando medidas como los ERTE toquen a su fin.
El deseo común es que «la presión hacia un trabajo asistencialista no acabe con los programas de intervención social que trabajan desde la prevención, la participación y la construcción de sociedades inclusivas». «Se preparan para la siguiente fase y apuntan a la importancia de coordinarse con otros servicios públicos», señala el informe.
En los próximos meses se continuará analizando el impacto de la pandemia en este sistema y se estudiarán nuevas prácticas profesionales, así como los diferentes retos a los que se enfrenta el sistema público de servicios sociales.
