Vox quiere que se derogue la reciente reforma legal aprobada por el Gobierno para poder controlar el uso que hagan terceros países del material de defensa vendido por empresas españolas, ya que considera que supone un lastre para las posibilidades de internacionalización de la industria nacional.
El Ejecutivo aprobó el pasado mes de abril un control adicional en las exportaciones de material de defensa con el objetivo de ampliar la seguridad jurídica de las ventas. La reforma permite el control del uso que se haga de las armas exportadas para garantizar que cumpla con la legislación internacional, aunque siempre con conocimiento del país comprador.
Vox considera que este requisito puede lastrar la competitividad de las empresas españolas y pedirá su derogación la próxima semana en la Comisión de Defensa del Congreso, según ha explicado el diputado Agustín Rosety, general de Infantería de Marina retirado.
Los portavoces de Defensa de todos los grupos parlamentarios han debatido sobre este asunto este viernes durante un foro organizado por infodefensa.com. Solo Vox se ha mostrado en contra de esta garantía a los países compradores de material de defensa, que sí cuenta con el apoyo del resto del arco parlamentario.
La diputada del PSOE Zaida Cantera cree que, lejos de perjudicar a la industria española, este control ‘ex post’ del material exportado puede favorecer su expansión porque aleja las sospechas de que las ventas sean usadas en contra de los derechos humanos. «No queremos esa industria criminalizada que se vincule con lugares donde se está violando el derecho internacional o los derechos humanos», ha explicado.
La diputada socialista cree que este control de uso debe ser «ágil» para no perjudicar las exportaciones, pero lo ve «necesario» y «un valor de calidad añadido». Y ha recordado que ya está vigente en otros países como Estados Unidos o Alemania.
También se ha mostrado a favor el representante de Unidas Podemos, Roberto Uriarte, quien ha explicado que una legislación laxa puede favorecer las exportaciones, pero eso no garantizaría el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional. «Es más fácil ganar dinero vendiendo drogas que haciendo pan, pero no puede ser», ha explicado gráficamente.
Este control también cuenta con el apoyo de Ciudadanos, cuyo diputado Miguel Gutiérrez ha apuntado la «encrucijada» ante la que se encuentra la industria de defensa española, que arrastra las «debilidades» tradicionales de la industria española pero a la vez se enfrenta a los retos del futuro de digitalización o transformación energética.
Por su parte, el representante del PP, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, ha sostenido la necesidad de que la política de defensa sea abordada como una política de Estado para además eliminar los «prejuicios y tópicos» a los que está sujeta su industria. Además, ha abogado por un incremento «progresivo y moderado» de los presupuestos de defensa.
