La delgada línea que existen a día de hoy entre jueces y políticos, jueces que imputan a políticos y político que critican a letrados por ello cada día es más fina. El último caso, el del juez García-Castellón, que tuvo la ‘osadía’ de pedir la imputación de Pablo Iglesias, líder de Podemos y Vicepresidente Segundo del Gobierno. Sólo un día después de estos hechos, el juez ha acudido a presentar una denuncia por amenazas de muerte o de agresión lanzadas hacia él y su familia en redes sociales por lo que se conoce como «la guerrilla» de Podemos. A pesar de la gravedad de los hechos, lo peor de todo es que no es la primera vez que los jueces reconocen que se sienten amenazados cuando actúan siguiendo indicios de ilegalidad con los políticos.
La Sociedad está inmersa en una crispación creciente, exacerbada en las redes sociales por la falsa sensación de anonimato que dan -los ‘detectives’ de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tienen ‘armas’ para seguir el rastro-. Los partidos políticos, y Podemos es uno de ellos pero no el único, lo saben y conocen los mecanismos sociales para azuzar a las masas. Canales internos de difusión, grupos de Facebook, bots en todas las redes sociales… e incluso presión mediática. Todo ello, unido a las cadenas de redes no controladas hace que la bola de nieve crezca, llegando a todo tipo de personas (moderadas y radicales). Un mensaje, un contenido, una noticia, y todo arde.
5MARÍA NÚÑEZ BOLAÑOS, SUSTITUTA DE AYALA, SE SUMA A LOS JUECES AMENZADOS
La sustituta en la investigación y juicio de los ERE de la juez Ayala, la magistrada María Núñez Bolaños vivió un auténtico infierno de presión por las redes clientelares de los sindicatos y beneficiados de la corrupción. En su caso, no solo le increparon públicamente, que también, sino que además llegó a recibir amenazas de muerte mediante carta en su despacho del juzgado.
El Código Penal contempla los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, entre ellos los jueces en el ejercicio de sus funciones. Pero parece que ni políticos ni sus redes de presión sienten la balanza de la justicia sobre sus cabezas. ¿Hasta cuando dejará de ser ‘gratis’ que los jueces vivan amenazados?
