La delgada línea que existen a día de hoy entre jueces y políticos, jueces que imputan a políticos y político que critican a letrados por ello cada día es más fina. El último caso, el del juez García-Castellón, que tuvo la ‘osadía’ de pedir la imputación de Pablo Iglesias, líder de Podemos y Vicepresidente Segundo del Gobierno. Sólo un día después de estos hechos, el juez ha acudido a presentar una denuncia por amenazas de muerte o de agresión lanzadas hacia él y su familia en redes sociales por lo que se conoce como «la guerrilla» de Podemos. A pesar de la gravedad de los hechos, lo peor de todo es que no es la primera vez que los jueces reconocen que se sienten amenazados cuando actúan siguiendo indicios de ilegalidad con los políticos.
La Sociedad está inmersa en una crispación creciente, exacerbada en las redes sociales por la falsa sensación de anonimato que dan -los ‘detectives’ de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tienen ‘armas’ para seguir el rastro-. Los partidos políticos, y Podemos es uno de ellos pero no el único, lo saben y conocen los mecanismos sociales para azuzar a las masas. Canales internos de difusión, grupos de Facebook, bots en todas las redes sociales… e incluso presión mediática. Todo ello, unido a las cadenas de redes no controladas hace que la bola de nieve crezca, llegando a todo tipo de personas (moderadas y radicales). Un mensaje, un contenido, una noticia, y todo arde.
3EL JUEZ DEL CASO DE LA MANADA NECESITÓ ESCOLTA
El magistrado Ricardo González se hizo famoso a su pesar al emitir un voto particular en la sentencia del caso de La Manada. En él, pedía la absolución de los hoy ya condenados. La oleada de protestas, críticas y presiones no se hizo esperar. Hubo manifestaciones públicas, de anónimos y de políticas. El resultado del juicio mediático paralelo y de la decisión de este juez fue un escrache en toda regla en su domicilio en Pamplona. Manifestaciones que no han sido sólo críticas pacíficas sino pintadas e incluso amenazas, tal y como denunció el propio juez. Ello llevó en su momento a que hubiera de requerir escolta policial para evitar que los momentos de exposición pública fuera increpado por las manifestantes más radicales. ¿Los jueces amenazados como García-Castellón son la norma?
