La delgada línea que existen a día de hoy entre jueces y políticos, jueces que imputan a políticos y político que critican a letrados por ello cada día es más fina. El último caso, el del juez García-Castellón, que tuvo la ‘osadía’ de pedir la imputación de Pablo Iglesias, líder de Podemos y Vicepresidente Segundo del Gobierno. Sólo un día después de estos hechos, el juez ha acudido a presentar una denuncia por amenazas de muerte o de agresión lanzadas hacia él y su familia en redes sociales por lo que se conoce como «la guerrilla» de Podemos. A pesar de la gravedad de los hechos, lo peor de todo es que no es la primera vez que los jueces reconocen que se sienten amenazados cuando actúan siguiendo indicios de ilegalidad con los políticos.
La Sociedad está inmersa en una crispación creciente, exacerbada en las redes sociales por la falsa sensación de anonimato que dan -los ‘detectives’ de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tienen ‘armas’ para seguir el rastro-. Los partidos políticos, y Podemos es uno de ellos pero no el único, lo saben y conocen los mecanismos sociales para azuzar a las masas. Canales internos de difusión, grupos de Facebook, bots en todas las redes sociales… e incluso presión mediática. Todo ello, unido a las cadenas de redes no controladas hace que la bola de nieve crezca, llegando a todo tipo de personas (moderadas y radicales). Un mensaje, un contenido, una noticia, y todo arde.
2NO SOLO PODEMOS, NO SOLO GARCÍA-CASTELLÓN: OTROS JUECES AMENAZADOS
Sin embargo, no es Podemos el único actor en las amenazas y campañas de desprestigio. Ellos solo utilizan las tecnologías actuales. El PP, por su parte, y también el PSOE por la suya, han sabido manejar los resortes del poder para manipular y amenazar a los jueces mediante recusaciones y otras tretas. En 2015, por ejemplo, el propio Pedro Sánchez, entonces líder de la oposición, acusaba al Gobierno de Mariano Rajoy de utilizar a Catalá para presionar a los jueces del caso Gürtel.
¿Fue así? Estos hechos forman parte de las denominadas cloacas del Estado, pero lo que sí es público es que el juez instructor De la Prada fue apartado, igual que el juez Ruz, ambos asociados al ala progresista de la judicatura.
