Las autoridades españolas y marroquíes han consensuado un nuevo listado con cerca de cien mujeres marroquíes, en algunos casos con menores a su cargo, para que puedan volver a su país «esta semana» tras permanecer los últimos seis meses y medio atrapadas en Ceuta por la clausura de la frontera del Tarajal la madrugada del 13 de marzo, cuando el Reino alauita se aisló para intentar prevenir la propagación del coronavirus en su territorio.
Desde entonces, Marruecos solamente ha permitido el regreso a su país a través del único paso fronterizo de Ceuta de 285 nacionales: un total de 190 el 22 de mayo, 58 al día siguiente y 37 dos jornadas después.
Según explicó el Gobierno central, para la elección de las personas que conformaron aquellos tres grupos «se atendió a criterios familiares y personales de los interesados, priorizando principalmente la vulnerabilidad de los mismos como los casos de familias numerosas, mujeres, hijos menores a su cargo y personas acogidas en el pabellón de ‘La Libertad’ acondicionado en su momento».
Fuentes oficiales han explicado que esta vez se prevé que sean solamente mujeres y menores a su cargo los súbditos del país vecino que puedan retornar a su país después de ser sometidos a tests de detección del coronavirus.
El Gobierno local que preside Juan Vivas (PP) se ha encargado desde la declaración del estado de alarma del alojamiento y manutención de cientos de ciudadanos marroquíes atrapados en Ceuta y todavía alberga a 147 (medio centenar mujeres) en una nave acondicionada expresamente a tal efecto en los polígonos comerciales anexos a la frontera.
Organizaciones no gubernamentales cifran en alrededor de medio millar el número de ciudadanos del país vecino que siguen esperando la reapertura de la frontera para regresar a su territorio. Desde mediados de marzo decenas de atrapados han logrado volver a nado bordeando los espigones marítimos del Tarajal y Benzú. Las entradas en sentido inverso en la ciudad española se han mantenido en una media de «entre 20 y 25 por semana«, según estimaciones de la administración autonómica, que ha habilitado parte del antiguo hospital de Cruz Roja para someterlos a cuarentenas de entre 9 y 14 días.