El PP ha preguntado al Gobierno si cree que el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, debe asumir algún tipo de responsabilidad política «por sus actuaciones» en torno a la denominada pieza ‘Dina’ del ‘caso Tándem’ que se investiga en la Audiencia Nacional.
Los ‘populares’ registraron a principios del pasado mes de julio una veintena de preguntas solicitando respuesta por escrito del Gobierno acerca de esta pieza 10 del conocido como ‘caso Villarejo’, en la que se investiga el robo del teléfono móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham.
En ellas, el PP cuestiona la «honestidad» con la que ha actuado Iglesias en el marco de esta investigación y pregunta al Gobierno de Pedro Sánchez si cree que el vicepresidente segundo y líder de Podemos es un «ejemplo de transparencia en aquello que se refiere a su gestión».
¿Considera el Gobierno que una persona que ha ocultado información íntima de terceras personas y copia información privada para disponer de ella, como supuestamente hizo el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, cuenta con las aptitudes fundamentales para ocupar un cargo público?», pregunta el PP.
El Gobierno respondió a esta veintena de preguntas el pasado 17 de septiembre con una misma respuesta: «Se informa que el Gobierno ni puede ni debe emitir opinión alguna relativa a decisiones de los tribunales ni de la Fiscalía por impedirlo el más escrupuloso respeto al principio de separación de poderes y a la independencia judicial, así como a la plena autonomía del Ministerio Fiscal, principio este esencial en todo Estado democrático de derecho.
«¿INDICACIONES A FISCALÍA?»
De este modo también contesta a todas las preguntas que hacen referencia al desarrollo de la investigación que lleva a cabo el juez Manuel García Castellón, como si el Gobierno de Pedro Sánchez ha solicitado algún tipo de información sobre la pieza ‘Dina’ o si ha realizado «alguna indicación a la Fiscalía Anticorrupción para conseguir que se extinga la acción penal y, con ella, que desaparezcan los delitos» que se puedan imputar a los implicados en este caso.
El PP también alude a supuestas interlocuciones de la Fiscalía con los abogados de Podemos, por lo que pregunta si Iglesias «ha accedido a alguna información relacionada» con esta investigación «que no sea a través de los cauce oficiales reservados para ello» y si el Gobierno va a tomar alguna medida para «aclarar» estas filtraciones».
Con todo ello, los ‘populares’ quieren conocer la «valoración» del Ejecutivo sobre la condición jurídica de «perjudicado» que mantiene Iglesias en la pieza que se investiga el robo del móvil de la que fuera su asesora y si considera que el líder de la formación morada es una «víctima de lo que él mismo ha denominado en reiteradas ocasiones las ‘cloacas del Estado’?».
Por último, el PP aprovecha para recordar que Iglesias es miembro de la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) -el Supremo rechazó el recurso contra el decreto que le incluyó- y cuestiona si «se encuentra en condiciones de ejercer las competencias» otorgadas.
DEFENSA A IGLESIAS
El Gobierno de Sánchez añade en su respuesta que el vicepresidente segundo ya dio en dos ocasiones el pasado mes de julio las «declaraciones correspondientes a los medios de comunicación» sobre el asunto y que «relató la cronología de los hechos producidos desde el robo de la tarjeta de la señora Dina Bousselham hasta la actualidad.
Asimismo, en otra respuesta emitida el 15 de septiembre, el Gobierno apunta que «dos semanas más tarde, el pasado 23 de julio, la empresa de Gales a la que recurrió el juez instructor del caso en sus diligencias confirmó a la Audiencia Nacional que el dispositivo les llegó ‘físicamente intacto'».
Para el Ejecutivo, este informe demuestra que Iglesias «entregó intacta la tarjeta de memoria a Dina Bousselham» y agrega que «el informe pericial de la policía científica del pasado 12 de agosto disipa cualquier sospecha existente sobre el señor Iglesias como» causante de los supuestos daños de la tarjeta».
