Cada vez es más frecuente que veamos noticias en los medios de comunicación sobre la dificultad de los propietarios de una vivienda para echar a las personas que la han ocupado. Lo cierto es que aunque la legislación española es muy clara respecto a la propiedad privada y la ocupación ilegal la justicia y la ley son lentas y eso hace que el proceso de judicial para expulsar a un okupa se prolongue demasiado, dejando al propietario en una posición de indefensión y debilidad frente a los usurpadores.
3El coste de echar al okupa
El propietario puede poner dos tipos de demandas al okupa; la penal (por usurpación) o la civil, cuyo objetivo es el desahucio precario. En ambos casos no se trata de un proceso ni rápido ni barato. Ya hemos hablado antes del tiempo, centrémonos en ahora en los costes. Lo primero que vamos a necesitar es un abogado, que dependiendo del que sea nos cobrará en torno a 1000-1500 euros. Además, como para cualquier proceso judicial también necesitamos un procurador al que abonaremos unos 400 euros de media. Además, debemos solicitar un acta notarial presencial que deje constancia que cuesta 300 euros. Esa misma cantidad es la que suele costarnos cambiar la cerradura para que el okupa no vuelva a nuestra casa. A partir de aquí seguimos sumando gastos tan variados (y elevados) como los de los desperfectos que estas personas suelen realizar en las casas, y los del dinero no cobrado como propietario. Es decir, si tenemos la casa en alquiler pero obviamente esos meses no cobramos puesto que no la podemos alquilar porque no está “vacía”.
