El Ingreso Mínimo Vital (IMV), la gran promesa del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, sigue dando de que hablar. Su aprobación desató una oleada de críticas entre empresarios y políticos. Según explicaba el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, la medida no fomenta el empleo y se trataba (sin más) de una subvención. A su parecer, debería fomentarse la formación y no concederse si el interesado rechaza un trabajo.
Pese a las críticas y las recomendaciones, el Consejo de Ministros aprobaba a finales de mayo el Real Decreto-ley por el que se ponía en marcha esta prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza ingresos mínimos a quienes carecen de ellos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordaba entonces que la intensa crisis económica y social causada por el covid-19 había acelerado su implementación.
Pero las prisas no han servido para mucho, pues tres meses después, solo se ha concedido a 80.000 hogares que en teoría cobrarán este mes de agosto. Muy lejos aún de las cifras que contempla el Ejecutivo. Según sus cuentas, la prestación (que se puede solicitar desde el 15 de junio) beneficiará a 850.000 hogares y a 2,3 millones de personas, de las que un millón “está en pobreza extrema”. Y en total, tendrá un coste de unos 3.000 millones de euros al año.
ATASCO
El ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya ha adelantado que 200.000 personas se verán beneficiadas por esta ayuda en este mes. Pero aún hay 750.000 peticiones sin resolver. Al igual que ocurrió con los ERTE, Escrivá achaca la lentitud a que un porcentaje “muy amplio» de solicitudes contienen errores y se está requiriendo nueva documentación. Además, el 7,5% están duplicadas, y 37.000 no cumplen los requisitos.
El lío de la tramitación recuerda al caos del SEPE en el inicio de la pandemia, cuando trataban de resolver las solicitudes de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Desde el Servicio Público de Empleo Estatal ya explicaron a MERCA2 que la plantilla “está diezmada”, venían de recortes, no se ha vuelto a contratar y con tan poco personal no pudieron hacer frente a la avalancha de solicitudes.
Para poner solución y facilitar la tramitación del Ingreso Mínimo Vital, el INSS ha diseñado varias estrategias. Por una parte, ha desarrollado un protocolo de intercambio de información con las comunidades autónomas que traspasa los datos de las solicitudes resueltas. Además, ha habilitado un procedimiento de cruce masivo de datos con la Agencia Tributaria.
Y, a su vez, ha llegado a acuerdos con cerca de 150 ayuntamientos para que estos aporten directamente la información referida al padrón municipal necesaria para tramitar el IMV, lo que agilizará gran parte del proceso y evitará desplazamientos de los solicitantes.
La Seguridad Social también ha apostado por la tecnología para agilizar el proceso, por una parte, ha puesto en marcha un simulador online en su página web desde donde se puede comprobar si se cumplen los requisitos para recibir esta prestación y saber el importe aproximado.
Y también, usan robots para automatizar las tareas operativas de la tramitación, como el volcado de solicitudes en la aplicación informática, la comprobación de datos y la clasificación, informes para seguimiento estadístico… Con todo se agiliza la detección de solicitantes que cumplen o no el requisito de vulnerabilidad.
EL SILENCIO DE IGLESIAS
El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, impulsor de esta prestación, presumía hace tres meses de que el Ingreso Mínimo Vital supone “el mayor avance en derechos sociales” desde la aprobación de la Ley de Dependencia del año 2006.
Y explicaba que los ciudadanos lo recibirán siempre que cumplan los requisitos para acceder a él, como ocurre, por ejemplo, con la pensión de jubilación o la prestación por desempleo. El umbral de renta garantizada será de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola. Cuando se trate de una unidad de convivencia, se incrementará en 139 euros al mes por cada persona, hasta un máximo de 1.015 euros mensuales. Además, las familias monoparentales recibirán un complemento de 100 euros al mes.
Pablo Iglesias insistía en mayo en que el ingreso aprobado es “una medida de justicia social”, porque supone la redistribución de la riqueza, y de eficiencia económica, pues los recursos van a ir directamente a los hogares y al consumo.
Pero desde entonces, no se ha vuelto a pronunciar. En lo que va de agosto, ha escrito en Twitter sobre sus problemas vacacionales en Asturias, incluso ha hecho alguna alusión a la investigación de su partido por presunta malversación y administración desleal. Pero no se ha pronunciado sobre su medida estrella, ni mucho menos sobre los retrasos y problemas que se están dando.
