El ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha afirmado este lunes que, más allá de las irregularidades que pudiera haber cometido Juan Carlos I cuando era el Jefe del Estado, el problema en España es la monarquía, que impide apartar del cargo a quien participa en prácticas corruptas.
Con este argumento, Garzón contradice al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la pasada semana trató de diferenciar la situación del Rey emérito de la figura del Jefe del Estado recalcando que «no se juzgan instituciones, sino a personas».
A través de una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter, el ministro de Consumo ha señalado que «la clave no es si Juan Carlos es buena persona, sino cómo y, sobre todo, por qué pudo hacer lo que hizo». «Instituciones, no personas», ha subrayado.
«Una democracia avanzada no pide a sus ciudadanos actos de fe para confiar en individuos supuestamente honestos y no corruptos. En su lugar diseña instituciones para desincentivar y evitar la corrupción: elecciones, rendición de cuentas, transparencia, revocatorios…», ha explicado.
POSIBILIDAD DE REVOCACIÓN
En este sentido, ha reivindicado la «tradición política republicana», que, según ha indicado, «va mucho más allá de la elección democrática del jefe de Estado».
El coordinador de Izquierda Unida ha reclamado una democracia que no se limite a «exigir moralidad a los dirigentes y representantes públicos», sino que disponga de «normas y reglas que impidan que cualquiera, por bueno que parezca al principio, pueda convertirse en corrupto», y que «si llega el caso, que se le pueda revocar del cargo».
«Si en España tuviéramos un buen bloque de liberales políticos, éstos no tendrían inconveniente en aceptar estas tesis. Desgraciadamente, usan el nombre de liberales aquellos que no son sino aduladores monárquicos dedicados a construir defensas ad hoc de cualquier comportamiento», ha afirmado sin mencionar a ningún partido en particular
IU RECLAMA QUE JUAN CARLOS I SEA JUZGADO
El lunes pasado, tras conocer la decisión de Juan Carlos I de salir de España, Garzón exigió que se le juzgue y se encuentre a los «cómplices» de una «trama» que, a su juicio, «no pudo ser tejida y mantenida por una sola persona».
El Rey emérito comunicó a su hijo, el Rey Felipe VI, que había decidido irse a vivir al extranjero «ante la repercusión pública que está generando ciertos acontecimientos pasados» de su vida privada», según informó Zarzuela en un comunicado.
Posteriormente, Juan Carlos I aseguró a través de su abogado que permanece a disposición de Fiscalía, que investiga si cobró alguna comisión por la adjudicación de las obras del AVE a La Meca (Arabia Saudí) a empresas españolas en 2011, «para cualquier trámite o actuación que considere oportuna».
Izquierda Unida ha solicitado al Tribunal Supremo que reabra la querella presentada contra el Rey emérito y que se archivó el año pasado por el presunto cobro de comisiones, después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón haya reabierto la pieza del caso Villarejo sobre este asunto e imputado a la empresaria Corinna Larssen.
Mientras, Sánchez ha afirmado que el Gobierno de coalición, formado por el PSOE y Unidas Podemos, «considera plenamente vigente el pacto constitucional», que incluye la monarquía en la Jefatura del Estado.
