La Fiscalía de Barcelona ha recurrido este jueves la aplicación del tercer grado a los exconsellers Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa, y pide al Juzgado la suspensión inmediata de la semilibertad.
Los tres informes de la Fiscalía, se dirigen al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 y al 5, y piden revocar la semilibertad, de modo que vuelvan al segundo grado penitenciario.
El fiscal usa los mismos argumentos que en la petición que hizo el martes para el líder de ERC, Oriol Junqueras; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el exconseller Joaquím Forn; el líder de Òmnium, Jordi Cuixart; el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, y el exconseller Raül Romeva: la jueza resolvió suspenderlo para todos ellos excepto para Forcadell, sobre quien aún no se ha pronunciado.
Recalca que la condena debe ser «un medio de utilidad social y de intimidación al delincuente, de retribución por el acto cometido, causando en el autor una sensación de que su proceder tiene unas consecuencias perjudiciales», lo que considera que no ocurriría si se avala la semilibertad.
Además, incide en que «los fines de reeducación y resocialización tampoco están cumplidos», porque más allá de estar integrados en la sociedad, la reinserción también se refiere a que una persona acepte respetar la ley vigente.
Para el fiscal, no se puede considerar que los presos del 1-O hayan aceptado vivir de acuerdo a la legalidad «en la medida en que no hay auténtica asunción delictiva» al no considerar que los hechos por los que fueron condenados suponen un delito de sedición.
La Fiscalía añade que, aunque los presos asuman la responsabilidad de sus actos y acepten las consecuencias, no implica que reconozcan el delito de sedición, puesto que siguen «considerando que fue una actuación legítima y ajustada a derecho, que formaba parte de una legislatura que se constituyó para implementar la independencia de Cataluña».
