Nueva polémica en torno al chalet de la familia Iglesias-Montero. En los próximos días, según ha publicado eldiario.es, agentes del Cuerpo Nacional de Policía se harán cargo de la seguridad perimetral del domicilio familiar de Iglesias y Montero en Galapagar. Sustituirán así a la Guardia Civil que era el cuerpo que, hasta ahora, venía haciendo las labores de vigilancia y seguridad de la vivienda de La Navata. No solo los políticos de la oposición se remueven en contra de este movimiento de Interior. Los vecinos de Galapagar comienzan a estar hartos de la imagen y la exposición de la población por la presencia y medidas que adopta la política familia.
El malestar local es tal que los vecinos han iniciado una recogida de firmas, promovida por la plataforma HazteOir.org, en contra de la presencia de Iglesias y Montero en la población. “Galapagar no necesita una compañía de la Guardia Civil dotada de armamento automático ni una sección de vehículos patrullando la parcela de Pablo Iglesias e Irene Montero, sino recuperar la normalidad, tolerancia y libertad que han caracterizado siempre al pueblo”, reza el comunicado.
Según la plataforma, los vecinos están cansados de las multas y de sentirse intimidados por la elevada presencia de Guardias Civiles en el entorno de la vivienda de Iglesias y Montero. Los vecinos de Galapagar y discrepantes con el Gobierno denuncian el incremento del acoso policial y la restricción de derechos fundamentales que sufren desde que protestan contra el Gobierno en las calles cercanas a la casa del vicepresidente. Muchos de ellos tienen multas, incluso han sido detenidos.», indican desde HazteOir.org.
No es la primera vez que se escuchan las protestas de los vecinos sobre lo que ha supuesto que la pareja se mudara con sus hijos al chalet de lujo en Galapagar.
LOS VECINOS DE IGLESIAS Y MONTERO NO PUEDEN MÁS
Y es que desde que comenzaran los escraches en la vivienda de la familia podemita, la Guardia Civil había reforzado el dispositivo de seguridad en la zona. Se llegó incluso a colocar vallas disuasorias en la calle y controlar el acceso a la misma. Solo se permitía pasar a los residentes, que de repente veían cómo tenían que llevar encima siempre el DNI para poder acceder a sus viviendas.
Todo para evitar que los manifestantes se acercaran al domicilio en el que los dos miembros del Gobierno viven con sus tres hijos. Los rumores sobre que el hecho de tener este amplio despliegue han mermado los efectivos para el resto de la ciudadanía no han hecho sino aumentar. Sea o no un rumor o un bulo, lo cierto es que no todos en Galapagar están contentos con la continua exposición a la que se ven sometidos en una zona en la que lo que se busca especialmente es la tranquilidad del anonimato y la lejanía con el resto del pueblo.
LA SEGURIDAD DE LOS POLÍTICOS, SECRETO DE ESTADO
Así lo ha decretado el Ejecutivo en una respuesta de solicitud de información a Servimedia para conocer el número de efectivos y el coste del operativo.
La respuesta del Ministerio del Interior concluye que el silencio al respecto se debe únicamente a la Ley 9/1968 de Secretos oficiales. Esta establece que pueden ser objeto de protección «determinadas materias» sobre las que dar información puede «afectar a la seguridad y defensa del Estado».
LOS PRIVILEGIOS, A DEBATE EN PODEMOS
Toda esta situación, y los otros privilegios de los que goza la pareja por ser parte del Gobierno de España, han sido duramente criticados. También por voces del corazón de Podemos (aunque sea en la vertiente de la oposición interna).
Así, el alcalde de Cádiz, José María González, alias Kichi, les recordó a Iglesias y Montero a raíz de la compra del chalét y el uso del coche oficial. “El código ético de Podemos no es una formalidad, es el compromiso de vivir como la gente corriente para poder representarla en las instituciones y supone renunciar a privilegios como el exceso de sueldo», escribió. «Por eso ni lo he pensado ni quiero dejar de vivir y criar a mis hijos en un piso de currante en el barrio de La Viña con mi compañera, que ya es bastante privilegio vivir en La Viña, en Cádiz y con Teresa”, zanjó.
La gota que colmó el vaso fue el siguiente dato. En el impás hasta la formalización del dispositivo de seguridad pública de la vivienda de Galapagar, fue el partido el que corrió con los gastos de seguridad privada con la que se había dotado la pareja en su vivienda de lujo. El guarda que fue contratado pertenecía a la empresa Seguridad Hispánica de Vigilancia y Protección (Sehivipro). El precio era de 21,17 euros por hora para los nueve días que había sido contratado.
