La Fiscalía española está en una situación delicada. Por un lado, las investigaciones abiertas por el ministerio público suizo han puesto en jaque a Juan Carlos I, pero por otro, hay un sentir general dentro del Gobierno que clama por evitar una crisis institucional a toda costa. Los periplos del rey emérito empiezan a cansar al Ejecutivo. El cobro de 65 millones de euros en comisiones procedentes de Arabia Saudí y el coqueteo de Don Juan Carlos con los paraísos fiscales ha abierto en canal la reputación de la monarquía, pero aún queda por ver si la Fiscalía española mete la puntilla: abrir un frente contra el rey emérito.
Pasan los días y se siguen conociendo más detalles sobre la gran fortuna que amasó Juan Carlos utilizando su posición de Rey de España. Un dinero que, por supuesto, no pagó impuestos en España y que se quedó en las arcas personales del rey emérito. Incluso en plena crisis, Juan Carlos se dedicó a sacar una media de 100.000 euros mensuales de su cuenta en Suiza, algo que ha dejado muy tocada la imagen del monarca.
El último detalle de los movimientos en las cuentas offshore del rey emérito es que sacó cinco millones de euros antes de cerrar una de sus cuentas. Unos movimientos que cada vez pesan más en Moncloa y que han llevado al presidente del Gobierno a buscar la forma de salvar la imagen de la monarquía española, o al menos la de Felipe VI; razón por la que Sánchez ha sugerido que sería una buena idea que Juan Carlos abandonara el Palacio de la Zarzuela.
Pues bien, con todo este material encima de la mesa, que parece ser solo la punta del iceberg, ahora la Fiscalía española debe decidir si toma cartas en el asunto al igual que el fiscal suizo Yves Bertossa. Si lo hace, el Ministerio Público es perfectamente consciente de que abrirá una crisis institucional sin precedentes que se sumará a la crisis económica de la pandemia. Y si no, su credibilidad como institución independiente quedará más tocada. Por lo que la situación no es agradable.
El problema, según fuentes jurídicas, no es solo la intención que pueda tener la Fiscalía de tomar cartas en el asunto y acusar al rey emérito de haber cometido delitos fiscales, sino que hay un factor que puede echar por tierra todos los planes del Ministerio Público: la inviolabilidad del Rey. Don Juan Carlos ha gozado durante todo su “reinado” de inmunidad en todos los sentidos. Mientras tuviera la corona, no podía ser acusado ni juzgado por ningún delito. Sin embargo, en 2014, cuando abdicó en favor de su hijo Felipe VI, la cosa cambió. Y resulta que algunos de los movimientos fiscales presuntamente ilegales del monarca emérito se hicieron después de ese año.
Tal es el grado de complicación, que hasta Sánchez intenta calmar al resto de la cámara parlamentaria para evitar que la cosa vaya a más. Mientras algunos partidos quieren ahondar en el asunto e incluso poner encima de la mesa la idea de celebrar un referéndum que podría arrebatar el reinado a la princesa Leonor, Sánchez quiere tomar un par de medidas de efecto que amortigüen el golpe que se va a dar la Casa Real.
El presidente del Gobierno ha sugerido eliminar la inviolabilidad del Rey, además de presionar a la Casa Real para que tome alguna que otra medida para evitar el linchamiento público al que poco a poco se están abocando a medida que se publican nuevas informaciones sobre Don Juan Carlos. Pero por el momento impera el silencio en todos los protagonistas de la novela que ha protagonizado el rey emérito. Todos, menos la amante del antiguo monarca, cuyas declaraciones han resonado con fuerza en los medios españoles.
Corinna Larsen, la empresaria y examante de Don Juan Carlos I, se ha convertido en las persona que más daño ha hecho a la Casa Real española junto al fiscal suizo Yves Bertossa. En estos nuevos documentos facilitados a España por Bertossa se refleja la escandalosa afirmación de que el rey emérito le transfirió en 2012 cerca de 65 millones de euros “no para deshacerse del dinero” (el cual tenía una procedencia turbia), sino “por gratitud y por amor”. Según Corinna, el rey tenía la esperanza de volver a retomar la relación con ella y quería garantizar “su futuro y el de sus hijos”, razón por la que le dio 65 millones de euros.
