Colectivos en defensa de la sanidad pública han exigido este miércoles la dimisión de Ayuso y la reversión de privatizaciones en el sistema de salud madrileño durante una concentración frente a la Asamblea de Madrid, donde estaba teniendo lugar una sesión de la Comisión de Reconstrucción tras el Covid.
Posicionados en un semicírculo y con distancia de seguridad han mostrado carteles con las veinte peticiones que le hacen al Ejecutivo autonómico para mejorar el estado de la sanidad en la región, que se ha visto mermada por los efectos de la pandemia.
«Denunciamos la mala gestión e incapacidad política demostradas con evidencias más que dolorosas con el Covid haciendo estragos en pacientes, profesionales y usuarios», han cargado los convocantes, entre los que figuran AME, CCOO, CSIT, CGT, DMD, ADSPM, FRAVM, Marea Blanca, Plataforma Centros de Salud, SIETeSS, SUMMAT y UGT.
En esta línea, han mostrado su «máxima indignación» ante el «apuntalamiento» de lo público-privado mientras que «ya ni se cortan en cerrar centros de Atención Primaria dejando desatendida a la población».
«Lo hacen con construcciones innecesarias como el hospital para pandemias, parkings privados, seguir capitalizando la Fundación Jiménez Díaz y no se les cae la cara de vergüenza», han reprochado.
Es por ello que han pedido un «cambio de orientación» de las políticas públicas para que «no atente contra la población y los trabajadores» y han instado a que la oposición -PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos y Vox– se enfrenten «de forma contundente a esta presunta reconstrucción».
La multitud ha coreado consignas como «Nada para la privada», «la Sanidad pública hay que protegerla» o «Ayuso dimisión»; mientras los portavoces de las distintas asociaciones han ido leyendo las veinte propuestas que los convocantes han planteado como ejes para el cambio de orientación que piden.
Para solventar estas deficiencias, entienden que, entre otros, debería elevarse el presupuesto sanitario de la región, a la que sitúan a la cola en este aspecto en términos porcentuales; elevar los fondos destinados a la atención primaria –al menos un 25% del total destinado a sanidad–; dotar a los servicios de salud pública de recursos suficientes y garantizar la coordinación con Atención Primaria.
Las organizaciones apuntan también a la necesidad de crear un plan de centros sanitarios públicos que contemple la construcción, mantenimiento y rehabilitación de sus instalaciones; además de una gestión transparente.
Ante los efectos del Covid-19, han marcado como necesidad crear un fondo de reservas de material sanitario y «no depender de los mercados» y garantizar la atención sanitaria pública a mayores y dependientes de residencias.
También han calificado de prioritario la paralización «inmediata» de los nuevos procesos de «privatización» en el sistema sanitario, mientras se elabora una estrategia para recuperar los que ya han sufrido este proceso.
Además han solicitado que se recuperen los consejos de participación ciudadana, la salud mental comunitaria y trazar un programa para controlar e inspeccionar el cumplimiento de contratos de hospitales concesionados y construidos.
