La Fiscalía de Barcelona ha registrado un aumento de denuncias por acoso de menores en Internet durante el confinamiento por el coronavirus, y en menor medida de delitos de pornografía infantil.
«Se ha notado más en el ‘child grooming’, el acoso de menores, al estar los niños en casa», ha explicado a los medios este viernes el fiscal delegado de delitos informáticos de Barcelona, Roberto Valverde.
Ha añadido que en estos casos se encuentran con víctimas de a partir de ocho años, y que los autores siempre son hombres pero sin un perfil concreto, sino «de todas las clases sociales y con todo tipo de trabajos».
Valverde ha detallado que el aumento de denuncias se notó sobre todo tras levantarse el estado de alarma, con unos 3.500 delitos informáticos denunciados a los Mossos d’Esquadra cada mes, mientras que la media en 2019 fue de 2.700 mensuales y registró unas 16.000 en el segundo semestre.
Ha explicado que la nueva Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia recoge el delito de apología de la pedofilia, lo que considera útil ante casos de «páginas web en las que se cuelgan manuales de seducción a menores» y se comparten comentarios pedófilos.
En casos de difusión de pornografía infantil –en que lo más frecuente son las redes sociales habituales–, la Fiscalía ha pedido, y se ha aceptado «en muchísimas condenas de conformidad», prohibir usar la red social con la que se compartieron las imágenes.
Se hace usando la prohibición de acudir al lugar de los hechos, y Valverde ha pedido añadir específicamente la prohibición para redes sociales en una reforma del Código Penal.
ESTAFAS Y SECUESTRO DE DATOS
Durante el estado de alarma también han crecido las estafas, que son un 90 por ciento de los delitos informáticos denunciados a los Mossos, y suponen «decenas de miles estafas anuales en la Fiscalía Provincial», de las que Valverde ha destacado que a menudo los estafadores están en el extranjero, lo que complica la investigación.
El servicio de delitos informáticos también ha registrado denuncias mensuales por robos de contraseñas y entre 8 y 10 cada mes por secuestros de datos o ransomware, especialmente a empresas.
El ransomware consiste en encriptar un sistema informático y extorsionar pidiendo una cantidad de dinero para recuperar los datos que suele pedirse en bitcoins, ante lo que el fiscal ha señalado la dificultad añadida para rastrear el dinero en comparación a una cuenta bancaria habitual.
