El Gobierno de Castilla-La Mancha va a realizar test de diagnóstico para conocer el estado de salud de más de 30.000 docentes y del resto de personal no docente de los centros educativos antes de que se inicie el periodo lectivo para cada una de las enseñanzas que se imparten en la región, que incluye a la escuela concertada y a las infantiles pero excluye a las universitarias.
Así lo ha avanzado la titular regional de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, antes de comparecer en el pleno de las Cortes regionales de este jueves, donde ha asegurado que la realización de estas pruebas evidencia la «preocupación» del Gobierno regional por «proteger al profesorado y al conjunto de las personas que participan en el hecho educativo».
Con este anuncio la consejera se ha querido adelantar al debate que el PP ha planteado en el pleno del Parlamento autonómico sobre el impacto que la pandemia de la Covid-19 proyecta sobre el inicio del nuevo curso escolar 2020/2021, confiando en que su mensaje sirva para «frenar el ánimo de los grupos políticos de está Cámara y para que dejen de dar mensajes de temor e intranquilidad que distorsionan la normalización de los procesos».
Y es que la consejera de Educación ha vuelto a mandar un mensaje de tranquilidad, asegurando que «las familias deben tener la certeza de que sus hijos, cuando vayan a su centro, van a tener todas las condiciones que el Gobierno considere sanitariamente adecuadas para el desarrollo de la actividad lectiva.
De ahí que haya insistido en que el «desasosiego» que pueden producir «algunos mensajes no conduce a nada», pues «introducir temor en esta situación» no se corresponde con ninguna de las medidas que el Ejecutivo regional está adoptando.
Por ello, tras reiterar que la Consejería aborda con los equipos directivos, los docentes y las familias el inicio del curso, que en lo pedagógico contará con un refuerzo educativo para superar los vacíos de aprendizaje derivados de la no presencialidad, ha explicado que también se acometerán ajustes programáticos y un «ambicioso» plan de digitalización.
En este sentido, y preguntada por los más de nueve millones que el Ejecutivo autonómico va a invertir en acometer, a lo largo de este año, un total de 485 intervenciones de reforma, acondicionamiento y mejora de los centros educativos de la Comunidad Autónoma, ha detallado que la adecuación de los aseos tendrá carácter prioritario, así como la mejora de la ventilación en las instalaciones educativas, la eliminación de tabiques que permita tener espacios más amplios y habilitar espacios exteriores, a fin de ofrecer un uso «más intenso».
En cuanto al incremento de profesores que el Gobierno regional tiene previsto llevar a cabo, a preguntas de los medios, la consejera ha asegurado que aún no está en condiciones de poder ofrecer una cifra concreta, que dependerá de las necesidades que presenten los centros.Dicho esto, ha añadido que se podrá saber a partir de la semana que viene, cuando termina el plazo que se le ha dado a los centros para que comuniquen a la Consejería sus necesidades.
Por último, y luego de precisar que será una comisión de salud laboral para la prevención de riesgos laborales la que determinará cuáles son las condiciones en cada centro, a preguntas de los medios, Rosa Ana Rodríguez ha indicado que los test que el Gobierno regional va a hacer a los docentes no incluyen a los universitarios, pues además de contar la institución académica con sus propio servicio de riesgos laborales, «el rector anunció que los iba a hacer y no procede hacerlos dos veces», ha concluido.
LIMITAR CONTACTOS
Durante su intervención en el pleno, la consejera ha señalado que desde el punto de vista sanitario el inicio de curso se centrará en cuatro puntos básicos, tales como la limitación de contactos, el cumplimiento de una serie de medidas de prevención personal, la limpieza y ventilación del centro y una gestión «adecuada y precoz» ante la posible detección de un caso.
Por ello, además de los test, ha recordado que el Gobierno regional va a adquirir más de un millón de mascarillas reutilizables, 18 dispensadores de garrafas de hidrogel, 10.000 mamparas de metraquilato con el fin de garantizar la seguridad allí donde no se pueda y unos 2.400 termómetros infrarrojos.
Con todo, la consejera ha incidido en que la Administración se marca tres escenarios para la vuelta a las clases en el mes de septiembre ante el coronavirus que pasan por la presencialidad con las que se está trabajando y poniendo medidas hasta la fecha, la semipresencialidad y la no presencialidad por el confinamiento total.
«Nosotros vamos a ponerle todas las barreras al virus, pero puede ser que las traspase y si lo hace tendremos que optar por la semipresencialidad hasta que las autoridades nos lo digan y con un protocolo de acción que conocerán los centros educativos», ha señalado Rodríguez sobre estos tres escenarios, para añadir que la digitalización en materia educativa «ha venido para quedarse».
SEGURIDAD EN LA AULAS
Por parte de los grupos políticos, la diputada de Ciudadanos Carmen Picazo ha lamentado «las dudas» que están surgiendo en los equipos directivos de los centros después de que el Gobierno de España «haya dejado la pelota» en las comunidades, así como que los alumnos «hayan perdido mucho» en estos meses. «Por favor, seamos prudentes y trabajemos en el peor escenario posible», ha pedido.
Por ello, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, por medio de una resolución presentada al pleno, ha pedido que la educación sea segura en el mes de septiembre, respetándose la distancia social dentro de centros educativos, que se utilicen todos los espacios disponibles en los centros, que se contraten a más profesores, una evaluación a los alumnos al inicio del curso para saber su nivel, un plan de digitalización, dispositivos digitales para profesores y alumnos, un cheque digital de 125 euros, planes de contingencia y un plan de refuerzo educativo.
De su lado, el diputado del PP Benjamín Prieto ha dicho que las propuestas de su partido coinciden con las necesidades y demandas de la comunidad educativa y que por ello, por medio de una resolución, han pedido un presupuesto especial para la vuelta a las clases en los centros, dotar de más presuroso y gastos para funcionamiento y las obras RAM y test para la comunidad educativa, momento en el que ha dado la bienvenida al anuncio de la consejera.
También reclama el PP establecer protocolos sanitarios claros en todos los centros escolares sobre desinfeccion y que no recaiga en los ayuntamientos el plus de limpieza, elaborar un estudio de rutas escolares, un plan de digitalización «serio y riguroso», implementar medidas para salvar la brecha digital, contratar más y ampliar plantillas, contratar personal de enfermería, reforzar la figura del delegado de prevención de riesgos laborales, eliminar la burocracia, prever una adecuada distribución de espacio, un plan integral de refuerzo educativo o incorporar como beneficiarios en la próxima convocatoria de becas a alumnos afectados por el COVID.
Por parte del PSOE, la diputada Manuela Casado ha destacado la «transparencia» del Gobierno de Emiliano García-Page viene llevando a cabo en torno a la educación y el inicio del curso escolar y ha apelado a la colaboración y al consenso de los grupos. «Vamos a hacer todo lo posible para marchar todos por el mismo camino», ha dicho.
En este sentido, la resolución del PSOE pide al Gobierno regional potenciar el diálogo con los agentes sociales de la comunidad educativa, un plan de contingencia para el próximo curso, un plan de medidas de seguridad, asegurar el reparto de material sanitario, elaborar un plan de refuerzo educativo, las reformas necesarias para que los centros se adapten a la nueva realidad y desarrollar un plan de digitalización.
