El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, aprobó un total de 156 dictámenes solicitados por el Ejecutivo durante el estado de alarma, un periodo en el que primó la actividad telemática para dar curso a las consultas que se le plantearon.
Este lunes, el órgano consultivo presidido por María Teresa Fernández de la Vega ha remitido al Gobierno un informe de la actividad desarrollada desde el pasado 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, hasta el 21 de junio pasado, fecha en que finalizó la vigencia del periodo excepcional impuesto para frenar la expansión del coronavirus.
En ese periodo, el Consejo impulsó su modernización fortaleciendo las capacidades telemáticas para garantizar tanto el ejercicio de su función consultiva como la salud de consejeros, letrados y todo el personal en estos meses, ha puesto en valor la institución en un comunicado.
PRIMERA SESIÓN VIRTUAL DE SU HISTORIA
Así, el 19 de marzo tuvo lugar la primera sesión virtual de la historia del Consejo. Desde entonces y hasta el 21 de junio, la Comisión Permanente ha celebrado otras 12 sesiones en formato online, desplegando una intensa actividad consultiva tanto en temas relacionados directamente con el estado de alarma como en otras cuestiones trascendentes.
En total, durante el estado de alarma la Comisión Permanente ha aprobado 156 dictámenes y han tenido entrada en el Consejo 110 consultas, 21 de las cuales se han tramitado con carácter urgente.
Algunas de estas cuestiones han estado relacionadas con Reales Decretos, normas o circulares vinculadas al estado de alarma y el COVID-19. Fue el caso por ejemplo de la consulta formulada sobre el proyecto de Orden Ministerial por la que se desarrollaba el artículo 34 del RealDecreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que enumeraba las actividades económicas que podrían acogerse a la moratoria en el pago de las cotizaciones sociales.
El Consejo informó asimismo sobre el anteproyecto de ley que regula el comercio de emisión de gases contaminantes; sobre el texto refundido de la Ley Concursal o con respecto al expediente relativo al Proyecto de Real Decreto por el que se acuerda transigir con el Groupe Speciale Mobile Association, respecto a las consecuencias derivadas de la cancelación del Mobile World Congress en Barcelona, por citar algunos asuntos.
Entre los 156 dictámenes tratados telemáticamente durante el estado de alarma, figuran asimismo 52 reclamaciones de responsabilidad patrimonial.La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, ha destacado el esfuerzo de todo el personal de la institución para «adaptarse a la situación». «Hemos trabajado con determinación en pro del interés general», ha reivindicado.
La presidenta ha mostrado su convencimiento de que «de este trance sale un Consejo reforzado que, ante todo, quiere rendir homenajea las víctimas de la pandemia y a toda la ciudadanía española por su respuesta ejemplar a una crisis global e inédita».
