El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha dado el visto bueno este miércoles con la abstención de PSOE y Podemos-Equo a la convalidación del Decreto Ley de la Junta de medidas extraordinarias para la atención social en centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad cuyo objetivo es reforzar la cobertura ante posibles rebrotes del COVID-19 o ante nuevas crisis de salud pública que pongan en peligro a la población «más vulnerable».
Entre las novedades de este Decreto Ley, «el primero en España en este sentido» según ha significado la consejera de Familia, Isabel Blanco, en la defensa de un proyecto «pionero» destaca la obligación de que los centros dispongan de existencias de equipos de protección individuales (EPI) según determinen en cada caso los servicios de prevención de riesgos laborales y del material necesario para la atención a los usuarios, al menos, durante un periodo de cinco semanas.
Este depósito de existencias deberá incluir también material de protección para uso de los residentes en número proporcional a la ocupación real del centro y en función de las necesidades reales de atención. Además las entidades titulares deberán comunicar el remanente de sus existencias disponibles a la Administración pública competente ante situaciones extraordinarias por causas de salud pública y una vez asegurada la suficiencia de sus propias necesidades.
«Nos estamos anticipando a lo que pueda ocurrir, es un punto de partida», ha explicado Blanco que ha reconocido la necesidad de adoptar «medidas extraordinarias» para reforzar la atención a los usuarios de los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad junto a la seguridad del personal de los centros.
La procuradora socialista María Isabel Gonzalo ha advertido del «ejercicio de malabarismo» que ha realizado la Consejería de Familia a través de un Decreto-Ley «incompleto» que, según ha lamentado, deja de lado «cuestiones esenciales» para el grupo mayoritario que ha pedido una «ley de verdad».
«Uno de los problemas más serios que hemos tenido es la falta de personal», ha evidenciado Gonzalo que ha compartido aspectos como la importancia de los inspectores o que no se someta al personal a rotaciones si bien ha advertido de que con las «exiguas ratios» no habrá suficientes profesionales para dar cumplimiento a este requisito, con dudas sobre cómo se organizará el personal sanitario en las residencias o sobre qué ocurrirá con los centros de día.
«Nos da mucha pena que el tiempo nos haya dado la razón», ha sentenciado la socialista como ha apuntado también la procuradora de Podemos-Equo, Laura Domínguez, que ha aclarado que el modelo residencial de Castilla y León no ha hecho aguas, como asumió en su día la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ya que «estaba ahogado desde hace años» por lo que ha pedido una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas, más allá de la actuación de Fiscalía.
Para Domínguez este Decreto-Ley es un punto de partida para el cambio del modelo residencial en Castilla y León «pero insuficiente» ya que, aunque soluciona «una parte» de los problemas surgidos con el COVID-19 en «una bofetada de realidad» a la Administración, no representa ni «la mísera punta del iceberg». «¿Cómo van a controlar lo que gestionan si no gestionan nada, si lo gestionan sus amigos y no la Gerencia de Servicios Sociales?», ha preguntado para acusar a PP y a Cs de no querer el modelo público de residencias que pide Podemos «por eficiencia, calidad y control».
Desde las filas del PP, el procurador Miguel Ángel García Nieto ha aplaudido la labor de la Consejería de Familia y ha sido tajante al asegurar que en Castilla y León «nunca» se prohibió el traslado de residentes a los hospitales. Dicho esto, ha cargado contra la gestión del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, al que ha acusado de haber iniciado la gestión de la crisis como un «pavo real» para acabar metiendo la cabeza debajo de la tierra «como una avestruz.
«Hemos sufrido mucho pero también hemos aprendido mucho de la experiencia vivida ante una amenaza invisible y desconocida», ha asegurado el procurador del PP que ha respaldado las medidas urgentes de la Junta para anticiparse en el tiempo y evitar contagios ante la «alta probabilidad» de que haya un rebrote en octubre.
Finalmente, la procuradora de Ciudadanos Inmaculada Gómez se ha mostrado «orgullosa» del «esfuerzo de transparencia» que ha realizado la Junta de Castilla y León a lo largo de la crisis sanitaria desde el convencimiento de que un buen análisis de datos ofrece «información muy valiosa» y da una idea de qué ha ido mal.
En el caso de VOX, el procurador Jesús María García-Conde del Castillo ha expresado su preocupación por la obligación de las medidas para las residencias, en muchos casos negocios familiares para los que ha pedido subvenciones y asesoramiento al personal. «No se trata de hacer economía de mercado sino economía del cuidado», le ha respondido su compañera de bancada y procuradora de Podemos.
El Decreto-Ley obliga a los titulares de los centros de atención social de carácter residencial a contar con un Plan de contingencia que se revisará anualmente y que se constituye como «el instrumento fundamental para la óptima dirección y gestión de los centros».
El plan deberá estar adaptado a las características propias de cada centro y contemplará la organización de la prestación de los servicios, mediante la constitución de áreas diferenciadas, formadas por agrupaciones de usuarios en un número limitado y atendidos por un equipo de profesionales no sometido a rotaciones, para una inmediata compartimentación de las dependencias del centro residencial y evitar, con ello, la rápida propagación de enfermedades.
DOS MILLONES EN AYUDAS PARA MATERIAL
Finalmente, se destinan ayudas para el fomento de la protección de las personas trabajadoras y de los usuarios y se establecen medidas dirigidas a subvencionar los gastos de adquisición de EPI y de equipamiento destinado a la seguridad de los usuarios realizados por las entidades privadas sin ánimo de lucro titulares de los centros.
La aprobación de esta línea de ayudas, para las que están previstas unos dos millones de euros, permitirá asegurar que alcancen de forma rápida a todas las entidades destinatarias que las soliciten y cumplan los requisitos establecidos.
Será subvencionable la adquisición de equipos de protección individual frente a riesgos de agentes biológicos, como guantes, gafas, mascarillas, batas, botas, entre otros, así como la adquisición de test de diagnóstico rápido, serológicos u otro tipo de pruebas; la adquisición de material de protección sanitaria, destinado a los usuarios, como protectores respiratorios (mascarillas); la asistencia externa para labores de desinfección de los equipos, instalaciones y personas, exclusivamente en respuesta a la situación de contingencia así como el asesoramiento e información a las personas trabajadoras y usuarios de los centros residenciales de atención social en materia de prevención de contagios en situaciones de crisis epidemiológicas o de salud pública.
Asimismo, podrán ser beneficiarias de estas ayudas las entidades privadas sin ánimo de lucro, titulares de centros residenciales de personas mayores o de personas con discapacidad, que lleven a cabo las acciones objeto de la subvención.
Estas subvenciones serán concedidas de forma directa a los solicitantes que reúnan los requisitos, según el orden de entrada de la solicitud en el registro electrónico del organismo competente para su tramitación, desde que el expediente esté completo, mientras exista crédito adecuado y suficiente para atender la correspondiente solicitud. La cuantía de la subvención será del 80 por ciento del gasto subvencionable, hasta un máximo de 2.000euros por centro residencial, de cada entidad beneficiaria.
