En sentencia del pasado 8 de junio, el Juzgado de lo Penal número 1 de Ávila ha absuelto a los nueve cazadores, acusados de tenencia ilícita de armas y de caza furtiva en la Reserva Regional de Caza de la Sierra de Gredos. Los hechos ocurrieron en 2009. Sin embargo, las pruebas que se practicaron en ese año se anularon en 2017. Todo ello ha hecho que se vaya de rositas y la justicia les libere de cualquier responsabilidad.
Según el fallo, los hechos acaecidos no tenían la baser probatoria suficiente para los cazadores y colaboradores. Además, hace tres años se anularon las intervenciones telefónicas y los registros domiciliarios realizados por la Guardia Civil. Así, según la «teoría del árbol del fruto envenenado», toda prueba obtenida a partir de declaraciones nulas, «también debe de serlo, porque a lo largo de la prosecución del proceso, se han contaminado». En definitiva, el resto de diligencias practicadas en la fase de instrucción se anularon por la «extra limitación de los agentes».
Qué pasó en 2009
Todo ocurrió en marzo de 2009. La Guardia Civil desarticuló a través de la operación «Almanzor» una supuesta red de caza ilegal. Al parecer se encargaban de organizar cacerías furtivas en la Reserva de Gredos, en la provincia de Ávila. Se detuvieron a 48 personas y se recuperaron más de 350 trofeos de animales. Pero no sólo eso, se incautaron tres leones llegados de África, armas y casi cien mil euros en metálico.
Los hechos probados que constan en la sentencia son que los cazadores abatieron a cinco ejemplares de cabra hispánica sin la correspondiente autorización, descubriendo el paradero de la piezas. Practicaron incluso la taxidermia en el local habilitado que uno de los participantes poseía en el municipio de Talavera de la Reina (Toledo), «desde donde los llevaba para entregarlos a los mencionados clientes, pero fueron incautados por la Guardia Civil en la localidad de Fuensalida (Toledo)«.
Pero el proceso perdió fuelle: de las 48 personas detenidas, sólo se convirtieron en acusadas 25. La Junta de Castilla y León, que se personaba como acusación particular, se retiró del proceso. Lo mismo ocurrió con la Asociación de Propietarios de la Reserva Regional de Caza. Sí se mantuvieron como acusaciones la fiscalía y Ecologistas en Acción, que solicitaban penas de entre seis meses y dos años de cárcel para los acusados.
Por su parte, la postura de los acusados fue muy clara. Se ampararon en que no recordaban con claridad los hechos debido al tiempo transcurrido desde la operación de la Guardia Civil.
Las razones jurídicas de la absolución de los cazadores
Lo cierto es que ya en 2014 la cosa pintaba bien para los acusados. El juicio se suspendió ante las dudas sobre la validez de las escuchas, quedando anuladas, como hemos apuntado, tres años más tarde.
Según el juez, «la prueba que ha quedado para ser practicada en el plenario, ha devenido en una prueba contaminada que asimismo ha sido reducida a escasos indicios racionales de criminalidad», tras la anulación de las pruebas recabadas por la Guardia Civil. Una anulación que se produjo realizarse «con vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio, vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones y con vulneración del principio de legalidad«.
Igualmente, no tuvieron tampoco valor probatorio los informes efectuados por el Servicio de Intervención de Armas de la Guardia Civil en relación con las incautadas en los registros domiciliarios.
Ahora ya es oficial la absolución de los acusados. Y todo ello a pesar de que los cazadores dispararan y mataran a esas cabras hispánicas. Igualmente a pesar de que las trasladaran para la taxidermia y entrega de trofeo, y hallaran un arma no autorizada y modificada, más trofeos de caza y abundante dinero en metálico.
