La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia que recabe diversos expedientes adjudicados a mercantiles del empresario Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y sus socios, los Adell Bover, por parte del Consell y de la Diputación de Barcelona para estudiar la compatibilidad de las subvenciones y los importes otorgados.
Así consta en el escrito, que ha dirigido el ministerio público al juzgado que investiga un presunto fraude en ayudas al fomento del valenciano tras una querella del PP.
La fiscal realiza este requerimiento tras la ampliación de la querella de los ‘populares’ en una causa que se dirige contra Francis Puig, responsable de las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions, y Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística, por las ayudas al fomento del valenciano.
Así, el ministerio público pide al juez que recabe una copia de los expedientes de los contratos adjudicados durante los años 2015 a 2019 a Comunicacions dels Ports, productora de Francis Puig, desde la mercantil pública Xarxa Audiovisual Local SL, dependiente de la Diputación de Barcelona.
Además, requiere de la Dirección General de Empleo y Formación de la Generalitat Valenciana una copia de los expedientes correspondientes a las subvenciones del Programa de fomento de la contratación indefinida de personas jóvenes cualificadas (Avalem Joves), en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como del Programa de fomento de conversión a indefinido de los contratos temporales de determinados colectivos vulnerables otorgadas en el mismo periodo de tiempo a Mas Mut Produccions SL, Comunicacions dels Ports, Kriol Produccions SL y Canal Maestrat SL.
Por último, reclama a la Tesorería de la Seguridad Social que remita los empleados que constaban dados de alta en estas últimas sociedades durante los ejercicios 2015 a 2019.
En su escrito, la fiscal justifica estas peticiones en la necesidad de calcular el importe total de las subvenciones concedidas para estudiar su legalidad, así como su compatibilidad en relación con los conceptos.
La fiscal detalla en su escrito contratos e importes adjudicados a la empresa Nord-Comunicacions dels Ports desde Xarxa Audiovisual Local publicados en el portal de Transparencia. Así, en 2016 resultó adjudicataria de contratos por 25.846 euros; en 2017 de 53.508; y en 2018 de 68.460 euros.
LA CAUSA
La causa se inició a raíz de una querella interpuesta por el PP contra Francis Puig, responsable de las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions, y Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística, por las ayudas al fomento del valenciano.
En total, ha presentado hasta tres ampliaciones de querella. En la inicial se aludía a que Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions recibieron ayudas al fomento del valenciano –más de 400.000 euros en subvenciones desde 2015– «sin ningún tipo de control».
Con posterioridad, la amplió a las ayudas a medios de comunicación vinculados a Enrique Juan Adell Bover, cuya familia es propietaria de varias empresas receptoras de subvenciones y a quien sitúan como «socio» de Francis Puig. El PP les acusa de utilizar un entramado empresarial para defraudar 1.215.396 euros a varias administraciones y sitúa el fraude global en unos 2 millones de euros.
En la tercera y última ampliación, el PP hacía referencia a que las empresas de Francis Puig pudieron recibir dinero de subvenciones dadas por la Diputación de Barcelona –Comunicacions Els Ports habría obtenido 150.000 euros de la diputación a través de Xarxa Audiovisual Local S.L.–.
El juez abrió una investigación y tenía previsto tomar declaración en calidad de investigados a Puig y a Trenzano en diciembre, pero finalmente se suspendieron los interrogatorios a petición de Anticorrupción, que pidió la práctica de nuevas diligencias.
Por el momento en esta causa se investiga la presunta comisión de cuatro delitos de fraude de subvenciones por los responsables de Mas Mut Produccions S.L y Comunicació dels Ports de las anualidades 2015, 2016, 2017 y 2018. La investigación trata de determinar si los importes concedidos por Generalitat valenciana y catalana fueron destinados a sufragar las actividades subvencionadas, es decir, si fueron empleados en el fomento de las lenguas co-oficiales en estos territorios en los medios de comunicación.
