Parecía que la gradual desescalada y la imágenes diarias de los excesos e infracciones de ciudadanos harían disparar en buena lógica la cantidad de multas. Pero la realidad está siendo sorprendentemente distinta. ¿Realmente estamos siendo más cívicos de lo que dicen esas imágenes? ¿O se ha abierto descaradamente la mano para evitar un enfado de la ciudadanía tras haber soportado más de dos meses de confinamiento?
Sea como fuere, los datos son irrefutables y demoledores: las propuestas de sanción y también de arrestos de los diferentes cuerpos policiales han ido cayendo gradual y constantemente hasta ser casi testimonial hoy en día. A finales de mayo las multas ya habían descendido un 70% si lo comparamos con el pico de abril, en pleno confinamiento y en lo peor de la pandemia. Se llegó a la increíble cifra de 26.263 denuncias en 24 horas. En las dos últimas semanas la media de sanciones diarias impuestas por Policía Nacional y Guardia Civil es de algo más de 2.000 al día.
El fin del mando único
Lo cierto es que el Ministerio de Interior dejó de ostentar el mando único el 23 de mayo y desde entonces ha dejado de facilitar los datos diarios oficiales de detenidos y denuncias. Ya ni Moncloa los hace públicos en las ruedas de prensa habituales sobre el Covid-19 y su gestión, ni tampoco están los cuerpos policiales locales y autonómicos a facilitarlos.
Aunque en general el ciudadano está siendo respetuoso y cuidadoso con las normas de seguridad y distancia, a diario vemos imágenes de numerosas personas y zonas donde no se respeta. Las aglomeraciones y concentraciones cada vez más frecuentes no están derivando en el lógico incremento de multas. A diario salen noticias de botellones de jóvenes, reuniones sin respetar las normas o actuaciones individuales que ponen en peligro el fin de la pandemia y acrecienta un riesgo de rebrotes.
Hechos que no se traducen en multas
En las primeras fechas de la desecalada pudimos asistir a las caceroladas de Núñez de Balboa, con un incumplimiento generalizado de la distancia social. Se extendieron al resto de España con iguales resultados de irresponsabilidad. Algo parecido ocurrió el 23 de mayo en la manifestación motorizada convocada en Madrid por Vox. La única manera de celebrarla era dentro del vehículo pero muchos de los asistentes acabaron por salir de los coches y protestar fuera sin respetar la distancia de seguridad. Tampoco parece que hubo multa alguna.
Igual desenlace y resultado en otra concentración días más tarde en la Puerta del Sol, donde miles de personas se juntaron para protestar contra el racismo y formando aglomeraciones propias de antes de la pandemia. La Policía no actúo en ningún momento ni instó a cumplir las normas.
Cifras de multas que se intentan justificar
Ante hechos tan obvios se intenta dar una explicación lógica de tamaño descenso de las multas y detenciones cuando parece que los incumplimientos han ido in crescendo en cantidad e intensidad. Responsables admiten que el aumento considerable en la libertad de movimientos hace que no se pueda controlar ni demostrar igual que antes los incumplimientos. Son pocos efectivos para tanta gente, porque recordemos que cualquier colectivo ya puede salir a la calle.
La clave de la cuestión es que esa dificultad probablemente ha derivado en una consecuente relajación en el control. Cualquier ciudadano puede tener una excusa factible para estar circulando por la calle salvo que fuera más tarde de las 23.00 horas, y no puede haber siempre un agente controlando a cada uno de los 46 millones de habitantes del país. Pero otra cosa son las flagrantes escenas de incumplimiento que se han visto en reuniones, concentraciones, paseos marítimos o parques, etc. O se multaba a todos o se controlaba el acceso y circulación, ambas igualmente complicadas o imposibles.
El debate legal
Por último está el tema legal del asunto, si esas sanciones y multas tiene un verdadero valor de ley o serán fácilmente recurribles. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, llegó a asegurar que no era ni necesario un aviso previo a quien se detectase incumpliendo una norma. Pero la Abogacía del Estado y algunos tribunales no opinan lo mismo.
Ya ni digamos cuando finalice el estado de alarma, puesto que la legislación establece que a partir de entonces «decaerán en su eficacia cuantas competencias en materia sancionadora y en orden a actuaciones preventivas correspondan a las Autoridades competentes, así como las concretas medidas adoptadas en base a éstas, salvo las que consistiesen en sanciones firmes».
