El Pleno del Senado debatirá este miércoles una proposición de ley del PP para modificar la Ley Orgánica General Penitenciaria con el objetivo de exigir la «colaboración efectiva real» con «autoridades judiciales y policiales» como requisito previo para la concesión del tercer grado o régimen de semilibertad a los presos de ETA.
En la proposición, firmada por el portavoz en el Senado, Javier Maroto, se solicita modificar el artículo 72 de la Ley Orgánica de 1979 para evitar su redacción «bastante ambigua».
El PP defiende que el requisito de colaboración con la Justicia se limita a una entrevista del preso etarra con autoridades «que nada tienen que ver con las facultades y con competencia para investigar» alguna de las más de 300 acciones criminales sin autor conocido.
El principal partido de la oposición considera que hay que especificar la autoridad, «siendo acorde a ello introducir las palabras autoridades judiciales y policiales, de manera que para obtener el tercer grado se dé una colaboración efectiva real que posibilite el esclarecimiento y la condena de los 370 asesinatos de la banda terrorista ETA que aún están impunes».
La ley penitenciaria contempla que la progresión de grado se acredite mediante una declaración expresa de repudio de las actividades delictivas y de abandono de la violencia, y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito.
También se menciona «informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodea y por su colaboración efectiva con las autoridades».
