Unidas Podemos ha presentado una iniciativa para instar al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que los métodos telemáticos introducidos para reactivar la Justicia tras el parón provocado por la crisis sanitaria del coronavirus, como la celebración de juicios por videoconferencia, no afecten a los derechos de las partes de un procedimiento, y en especial, los de los acusados.
Así se expone en una proposición no de ley registrada por la formación morada en el Congreso de los Diputados, y recogida por Europa Press, en la que explica que con motivo del decreto anti-colapso de la Justicia, aprobado por el Consejo de Ministro el pasado 28 de abril, se acordó incorporar las nuevas tecnologías a las actuaciones procesales.
En este sentido, el Real Decreto-ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia –que tendrá vigencia hasta tres meses después del levantamiento del estado de alarma– contempla que los juicios, vistas y declaraciones se celebren con medios telemáticos, siempre que se disponga de medios para ello, salvo en los procedimientos penales de delitos graves, en los que la «presencia física del acusado resulta necesaria».
El objetivo es evitar en los juzgados y tribunales «excesivas concentraciones» y garantizar entre los trabajadores y los ciudadanos que acudan a las sedes judiciales las distancias interpersonales de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias, explica el texto de Unidas Podemos.
Para el grupo parlamentario, este decreto «es un primer paso necesario pero no el último con el fin de reactivar la Administración de Justicia y la cobertura de los derechos de la ciudadanía».
Así, entiende que el Gobierno haya optado por introducir «medidas excepcionales» como el uso de métodos telemáticos, pero advierte de que pueden ocasionar «tensión» con el principio de inmediación procesal, la publicidad y la oralidad de los actos procesales. Por ello solicita la adopción de las «previsiones necesarias» para asegurar no haya una «merma de los derechos de todas las partes del proceso y en especial, los de los acusados y acusadas».
ACCESO AL EXPEDIENTE JUDICIAL, CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN
Asimismo, Unidas Podemos aplaude medidas aprobadas en el decreto como que se atienda a abogados y procurados prioritariamente por teléfono o correo electrónico, aunque señala que se deberían añadir otras «medidas garantistas» como el acceso al expediente judicial completo, especialmente en el orden jurisdiccional penal.
«Actualmente, no existe una previsión en este sentido y es necesario que la Administración de Justicia asegure a los y las profesionales el acceso al expediente judicial de forma telemática de un modo fácilmente tratable para el desarrollo de su trabajo y en especial, para la garantía del derecho de defensa», explica la proposición no de ley.
Por otro lado, la iniciativa apunta también a una de las medidas más criticadas del real decreto, la de habilitar del 11 al 31 de agosto. En este sentido, el partido liderado por Pablo Iglesias subraya la necesidad de que los abogados, sobretodo los que trabajan en pequeños despachos de forma autónoma, puedan «compatibilizar su actividad profesional con la conciliación personal y familiar en un periodo tradicionalmente vacacional».
Por último, la proposición no de ley indica que deberían impulsarse las reformas oportunas para el fomento de la mediación para la resolución extrajudicial de conflictos y destinarse más medios personales y materiales para asegurar la tutela judicial efectiva de toda la ciudadanía. «En la situación de emergencia social y económica en la que vivimos, estas demandas se hacen más necesarias que nunca», concluye.
El Ministerio de Justicia trabaja ya en el desarrollo normativo de la mediación en el ámbito administrativo, un planteamiento que se sumará a lo que ya viene contemplándose en el anteproyecto de ley sobre medidas procesales y tecnológicas sobre medios adecuados de solución de litigios para los órdenes jurisdiccionales civil y social.
