El vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, o al menos uno de los departamentos que dependen directamente de él (la Dirección General de Derechos de los Animales), anunció su compromiso con revisar la ley que considera que algunas razas de perros son «potencialmente peligrosas». El director de este departamento, Sergio García Torres, mostró su compromiso con buscar una alternativa a esta normativa, ya que impone más restricciones a según qué perros tan solo por su potencia física, no por su carácter. Pero de momento, a consecuencia de la crisis, esta revisión está en el aire. Aún así, la Real Sociedad Canina ha dado un tirón de orejas al vicepresidente para recordarle que tiene que tomar medidas y ha expuesto una serie de solicitudes.
La Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha pedido al Gobierno endurecer las penas y sanciones por abandono y maltrato en la nueva Ley Integral de Protección Animal, que el vicepresidente Pablo Iglesias, de quien depende la Dirección General de Derechos de los Animales, anunció recientemente que se aprobará en unos meses.
La Canina, que ha propuesto esta medida después de que Iglesias adelantara que el objetivo de la nueva ley es “eliminar la sensación de impunidad que existe ante el maltrato a los animales”, reclama también que se persiga y penalice la cría irresponsable, así como que se establezcan unos controles básicos acompañados de un código ético que, por encima de todo, persigan el bienestar de los perros y demás animales.
Por otra parte, plantea que se derogue la figura del ‘Perro Potencialmente Peligroso’ (PPP), ya que no existen tales razas, sino unas características físicas y de temperamento que hacen que no todos los perros sean iguales ni tengan las mismas aptitudes. Legislar sobre potencialidades implica establecer unas generalidades que, además de ser injustas, han propiciado la criminalización y la marginación social de determinadas razas y, por ende, de sus tutores.
Por ello, sugiere que, en su lugar, se establezcan de forma estandarizada determinadas pruebas de sociabilidad que acrediten la condición de los perros y que, además, se acompañen de cursos de formación para los tutores de este tipo de razas cuyas potencialidades físicas lo indiquen. De hecho, la RSCE ha puesto a disposición de todas las administraciones una prueba de sociabilidad desarrollada por expertos en formación canina y adiestramiento.
EL CRIADOR AMATEUR
De forma paralela, la Real Sociedad Canina pide que se cree la figura legal del criador amateur, puesto que la mayoría de los que hay en España responden a esta tipología, criadores a pequeña escala que realizan esta actividad con total entrega, por su amor a los perros y a las razas y cuya función ayuda a vaciar las perreras desde fuera.
Sson los que mejor pueden asesorar a las familias y tutores sobre los perros para determinar qué tipo de raza se adapta a su estilo de vida, de modo que se eviten abandonos cuando los cachorros se hacen mayores, ya que saben desde el primer momento qué comportamientos tendrá su mascota. Con un marco legal establecido de antemano, estos criadores podrán desarrollar su actividad siempre con unos códigos éticos claros y una mayor profesionalidad, siendo fundamentales para lograr ese objetivo de abandonos 0.
Es imprescindible, según la RSCE, que el nuevo marco legal recoja también el reconocimiento de la Cinofilia y las Razas Caninas como una herencia o Patrimonio Cultural Inmaterial a proteger, pues representa un legado de miles de años gracias al cual el perro ha llegado hasta nuestros días convertido en lo que fundamentalmente es: mucho más que un simple animal, un símbolo de nuestra historia y nuestro desarrollo como sociedad. Se impone la necesidad de dotar de una mayor protección y reconocimiento legal del perro, en general, pero sin establecer distinciones o medidas que menoscaben la importancia y la realidad de los perros de raza.
Entre otras medidas, la RSCE recomienda, en el ámbito sanitario, implementar un bono social o Mutualidad Veterinaria que ayude a las familias con menos recursos a cubrir la atención médica de sus mascotas, evitando que estas puedan ser abandonadas si enferman o que incluso mueran. El coste anual medio del veterinario está en unos 200 euros, aunque habría que sumarle otros 100 euros más de extras e imprevistos. Eso siempre y cuando el perro no presente ningún tipo de patología, lo que podría disparar estas cifras.
En esta línea, también propone la bajada del IVA veterinario al tipo más reducido, algo en lo que ya trabaja el Ejecutivo según trasladó la Dirección General de Derechos de los Animales a la Canina en una reunión de trabajo a principios de año. Esa rebaja haría que el tipo actual pasara del 21% al 10%, lo que supondría un ahorro de unos 20 euros al año para las familias con mascotas, según los cálculos de la RSCE.
Según el presidente de la RSCE, Julián Hernández, el objetivo de esta nueva Ley de Protección Animal debe ser mejorar la situación de todos los animales en España, “perseguir firmemente el maltrato y el abandono y fomentar las razas y ejemplares autóctonos, de forma que se garantice la supervivencia de un importante legado histórico, cultural y social de este país”.
