El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha señalado que «la cifra de un máximo de 20 alumnos por aula es letal para una vuelta normal» a las aulas el curso 2020-2021, y que es «más perjudicial» que el Real Decreto-ley 21/2020, que impone una distancia interpersonal de 1,5 metros.
Además, ha explicado que Madrid ha votado en contra del acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación porque no resuelve «los gravísimos problemas que plantea el Real Decreto-ley 21/2020», y «solamente tiene obviedades».
«La cifra de un máximo de 20 alumnos por aula es letal para una vuelta normal al curso 2020-2021», ha aseverado Ossorio, según un comunicado de la Consejería de Educación y Juventud, en referencia al documento de medidas sanitarias presentado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial celebrada este jueves.
«No tenemos conocimiento de que este documento haya sido visto y aprobado en la Conferencia Intersectorial de Sanidad, por lo que nos encontramos ante un borrador, y por tanto, desconocemos su valor», ha apostillado.
Además, Ossorio ha destacado que el documento propone la creación de grupos de convivencia estable, «que podrán ser acertados desde el punto de vista epidemiológico, pero que no son compatibles con la vida de un centro educativo». «Al que se le haya ocurrido esto, no sabe cómo funciona un centro educativo y cómo son los alumnos de Infantil y Primaria», ha sentenciado.
A este respecto, ha señalado también que estos grupos de convivencia estable «chocan» con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 21/2020, publicado hace dos días en el BOE, puesto que permiten una distancia interpersonal menor a 1,5 metros sin uso de mascarilla a mayores de 6 años.
«Además, este nuevo texto es más perjudicial, porque, por ejemplo, en Primaria con la distancia de 1,5 metros era factible hacer grupos de alumnos de 23 alumnos, y este nuevo borrador reduce esos grupos a 15 alumnos y como máximo 20», ha agregado.
«LA MAYOR NORMALIDAD POSIBLE»
A juicio del consejero madrileño, el inicio del curso 2020-2021 se debería haber enfocado con «la mayor normalidad posible», aunque ha añadido que «las administraciones educativas deberíamos tener planes de contingencia en función de la evolución de la crisis del Covid-19 para actuar en función de cada una de ellas, aunque el escenario fundamental debería haber sido de normalidad».
Por ello, ha lamentado que el Real Decreto-ley 21/2020 les «impone un cambio sustancial del sistema educativo» al exigir 1,5 metros de distancia entre los alumnos. «Nuestras aulas, el número de nuestros profesores, los espacios de los que disponemos no están preparados para este sistema», ha manifestado.
«Tenemos el problema de que el ministro de Sanidad, el señor Illa, ha dicho que esto va a estar vigente hasta que haya una vacuna, por tanto puede ser durante muchos meses», ha agregado el consejero madrileño.
Respecto al acuerdo de 14 puntos propuesto por el Ministerio de Isabel Celaá, ha afirmado que «no sirve para nada», porque, a su juicio, es lo que ya están haciendo todas las comunidades autónomas.
Por eso la Comunidad de Madrid se ha mostrado en contra de ese documento, porque teniendo el problema que tenemos que nos origina el Gobierno de la nación de tenernos que reinventar no podemos decir que hemos aprobado un documento que solamente tiene obviedades», ha explicado Ossorio.
En este sentido, Madrid ha votado en contra del acuerdo de la Conferencia de Educación porque no resuelve «los gravísimos problemas que plantea el Real Decreto-ley 21/2020 y el documento de medidas sanitarias», ha argumentado Ossorio quien ha recordado algunos de esos problemas, «como los espacios, el personal docente y el personal de administración y servicios necesario para poner en marcha la reforma radical de nuestro sistema educativo que se nos plantea para el próximo mes de septiembre».
Así, durante la Conferencia Sectorial, Ossorio ha insistido en solicitar la obligatoria colaboración del Ministerio de Educación para flexibilizar diversas normas sobre adaptación de las programaciones didácticas o los horarios, que vienen establecidos en el Real Decreto Ley.
FONDO DE 2.000 MILLONES
Por otro lado, el consejero madrileño ha tildado de «insuficiente» el fondo económico anunciado por el Gobierno central, establecido en 2.000 millones de euros, ya que sólo se ha presupuestado para el último trimestre del año 2020 y estos fondos deberían ampliarse para todo el curso 2020-2021, «puesto que mucho de los compromisos y los gastos que se adquieren se extenderán todo el curso».
En cuanto al reparto de esos fondos, Ossorio ha argumentado que «debe hacerse en función de la población en edad escolar de cada comunidad autónoma, en relación al total nacional, tal y como manifestó el Presidente del Gobierno la pasada semana».
Asimismo, ha reclamado al Gobierno central «certidumbre sobre los criterios de reparto de fondo sobre los gastos a los que se pueden destinar y la manera de justificarlos». «El inicio del curso está a la vuelta de la esquina y todos conocemos lo pesada que es la maquinaria administrativa», ha constatado.
Por último, ha destacado que «ha habido informaciones contradictorias en los medios de comunicación«, para manifestar que entiende que «estos gastos podrán ser destinados a la educación sostenida con fondos públicos, en el esquema de nuestro sistema educativo no tendría sentido limitarlos a la educación pública.
