Omella, sobre la ‘Ley Rhodes’: los padres son los «primeros responsables» de sus hijos

El cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, ha asegurado este miércoles que la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia es «importante» pero ha pedido al Gobierno que no «olvide» que son los padres «los primeros responsables de la educación de los hijos».

«No olvidemos que los padres son los primeros responsables de la educación de los hijos. El Estado tiene que cuidar pero no inmiscuirse demasiado tampoco en el tema de los padres», ha explicado Omella en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha destacado que la Iglesia Católica ha trabajado para «reaccionar rápidamente» con los abusos a menores.

Asimismo, ha pedido «cuidar en los valores morales» a los padres y ha señalado que se trata de un «tema complicado». «Los abusos son una cosa y luego proteger a los chavales, a ver cómo está la ley… Podemos entrar en un debate jurídico de responsabilidades muy grave. Es un tema muy amplio que necesita reflexión», ha planteado.

Sobre la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia del coronavirus, Omella ha defendido que «en general trabajan con mucha dignidad y cariño» hacia los ancianos y ha pedido cuidarlos porque «han luchado por la sociedad que tenemos» y merecen «dignidad» y un «cariño especial». «Lo que atente contra la dignidad habrá que denunciarlo», ha respondido al ser preguntado por la supuestas indicaciones en algunos centros para no derivar a ancianos a hospitales.

Por último, el presidente de la CEE ha confirmado que están en «diálogo» con las administraciones para preparar «en breve» un protocolo sobre la vuelta de las romerías, procesiones u otras ceremonias religiosas al aire libre. «Si puede haber una manifestación o pueden encontrarse en terrazas, ¿por qué no se puede hacer una romería?», ha cuestionado Omella, que ha insistido en «guardar las distancias» en dichas actividades religiosas y lograr un «criterio común» entre todas las Comunidades Autónomas.