El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye la pieza del BBVA en el ‘caso Tándem’, ha vuelto a citar el próximo 22 de junio en calidad de testigo al socio responsable del departamento de Forensic Services de la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC), Javier López Andreo, para que prosiga con la declaración que inició el pasado 20 de marzo sobre los trabajos que habría encargado el BBVA al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo a lo largo de 13 años y por los que éste habría percibido más de diez millones de euros.
En su primera comparecencia, López Andreo apuntó que el BBVA no había incluido en su lista de prioridades para la realización del informe ‘forensic’ encargado a la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) los supuestos espionajes al expresidente de Sacyr Luis del Rivero.
En la providencia dictada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, a la que ha tenido acceso Europa Press, se señala concretamente que ese testigo seguirá siendo interrogado con relación a dos informes, de fecha 22 de marzo y 11 de julio de 2019 relativos a los procesos de selección, adjudicación y contratación de CENYT -empresa de Villarejo- por BBVA.
Para un día después, 23 de junio, el magistrado ha citado, igualmente en calidad de testigo-perito a Leyre Zayas Mariscal, gerente de Forensic de PwC, con relación al «Informe de Situación relativo a las medidas adoptadas para la Prevención y Detección de Delitos por Grupo BBVA».
En su providencia, García Castellón apunta que estos dos testigos deberán acudir a las dependencias de la Audiencia Nacional de forma presencial, «cuando no lo impidan circunstancias de aquellas que justificarían su declaración a través de exhorto, o relacionadas con la situación derivada de la pandemia Covid 19». En este último caso, deberán comunicar dichas circunstancias al juzgado la mayor brevedad, solicitando la utilización del sistema de declaración a través de videoconferencia.
DECLARACIONES GUARDANDO DISTANCIA POR COVID-19
En cuanto a los abogados personados en la causa, el magistrado les advierte que, de cara a su presencia en el juzgado el día de ambas declaraciones, deberán comunicar su interés en asistir a esta diligencia pues «la asistencia presencial estará condicionada a la disponibilidad de espacio físico en la sala de declaraciones, de modo que quede garantizada la distancia de seguridad sanitaria».
En caso de alcanzarse un número de partes que manifiesten su intención de acudir presencialmente al juzgado superior a la que permiten las instalaciones, se les facilitará seguir el interrogatorio por videoconferencia. .»Se les hace saber a las partes de que la asistencia remota a las declaraciones requiere del uso de un ordenador, tablet o teléfono móvil dotado de micrófono y cámara, y conexión a internet», les advierte.
La investigación trata de aclarar las circunstancias que rodearon a los encargos realizados, el primero relacionado con un presunto espionaje a Del Rivero para frenar el asalto de Sacyr –-bautizado por Villarejo como ‘GH’ (grupo hostil)– para entrar en el consejo de administración del banco y que habría incluido control de comunicaciones, seguimientos e incluso infiltraciones en la seguridad.
En su primera declaración, el auditor de PwC dijo ante el juez y los fiscales Anticorrupción que la consultora no ha dirigido su línea de investigación en este sentido porque el banco no lo ha priorizado, si bien el análisis continúa y la auditora ha ido entregando conclusiones preliminares.
El informe ‘forensic’ fue encargado por el BBVA a la consultora en enero de 2019, un mes después de que el magistrado incoase la pieza 9, a través del despacho de abogados Garrigues, que se encarga de la defensa del banco.
