Empresas y entidades financieras han podido consultar más de tres millones de informes en estos doce últimos meses incluidos en el Registro de Impagados Judiciales (RJI), lo que ha permitido trasladar al sistema financiero información relativa a los más de 9,8 millones de euros de deuda gestionada por esta plataforma desde su puesta en marcha.
El RJI fue creado por el Consejo General de la Abogacía Española en colaboración con Informa D&B y Everis en junio de 2019, y ha permitido «hacer visibles impagos judiciales que no estaban registrados en los ficheros tradicionales de solvencia negativa».
Según informa en un comunicado el consejo, este registro es el primer fichero de solvencia negativa basado en resoluciones judiciales firmes y cumple con la nueva Ley General de Protección de Datos, la Ley de Protección del Derecho al Honor y el Código Deontológico de la Abogacía, garantizando así la seguridad jurídica.
Según detallan, el RJI ha sido útil para el recobro y ha puesto a disposición de los abogados una herramienta útil para consultar y reclamar el pago de deudas líquidas, vencidas, exigibles y reconocidas mediante resolución judicial firme.
Además, ha permitido que los propios letrados puedan reclamar sus minutas impagadas y consultar posibles clientes morosos para evitar futuros riesgos de impagos. Este registro, señalan, ha logrado desde su creación mejorar exponencialmente las tasas de recobro al hacer visibles los impagos judiciales que hasta ahora estaban ocultos y permitir que esta información sea accesible para bancos, entidades financieras, autónomos y empresas gracias a su inclusión en los informes comerciales de ‘Informa’.
2,3 MILLONES DE SENTENCIAS PENDIENTES DE EJECUTAR
Desde la Abogacía inciden en que ese registro era necesario, y prueba de ello es que más de 2,3 millones de sentencias en los juzgados y tribunales están pendientes de ejecutar, según los datos del Consejo General del Poder Judicial(CGPJ). Añaden que, según el Observatorio de Calidad de la Justicia de Wolters Kluwer, a día de hoy, el 62,58 por ciento de las sentencias no se ejecutan.
Entre las ventajas del registro está la agilización del recobro, que evita así años de trámites de litigio judicial y por tanto «ahorra tiempo y dinero»; también asegura que la deuda registrada llegue en 30 días al sector financiero y empresarial; aporta más garantías de cobro y da fiabilidad a la información al estar avalada por una resolución judicial firme; es un mecanismo eficaz para mejorar la información de riesgo de insolvencia de empresas y personas físicas; y es de uso sencillo, eficaz, rápido y seguro.
