Minorbis S.L., adjudicataria junto al Grupo México de los derechos de explotación del complejo minero de Aznalcóllar, ha elevado al juzgado un escrito de alegaciones contra las nuevas diligencias de investigación solicitadas por la empresa Emerita Resources España en las diligencias judiciales relativas a la adjudicación del aprovechamiento de la corta minera, avisando de «un nuevo y enésimo intento de alargar innecesariamente» el caso.
En su escrito, Minorbis S.L. señala el documento previo entregado al juzgado por Emerita Resources España «al hilo del escrito presentado a su vez» por Ecologistas en Acción después de que el pasado 13 de marzo, la juez instructora pidiese a las partes personadas en el procedimiento que se pronunciasen sobre «el curso» del mismo al no apreciar ya «diligencias de investigación pendientes de practicar», es decir que se decantasen entre un tercer sobreseimiento de las actuaciones o continuar los trámites hacia la celebración de un juicio.
Mientras la causa indaga el procedimiento zanjado en 2015 por la Junta de Andalucía con la adjudicación a la agrupación México-Minorbis de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, merced a una denuncia por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude interpuesta por Emerita tras haber pujado también por dichos derechos, los ecologistas esgrimían un informe del área de calidad de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y otro del Instituto Geológico Minero de España (IGME), incluidos en el expediente de solicitud de vertido del actual proyecto de reapertura de la mina, porque «ambos informan desfavorablemente ese vertido, por sus consecuencias tóxicas».
Al respecto, Ecologistas en Acción avisaba de que «las autoridades y funcionarios investigados por el Juzgado (por la adjudicación de los derechos de la mina) informaron en 2015 favorablemente a la propuesta que Minorbis-Grupo México presentaba como ‘vertido cero’, pero que debió ser inadmitida por incumplimiento flagrante de las bases del concurso».
MÁS COMPARECENCIAS
Dado el caso, los ecologistas han pedido a la juez que declaren en sede judicial el presidente de la CHG y del técnico de la CHG redactor del informe «desfavorable» sobre el vertido propuesto, un documento fechado el 30 de abril de 2019 y que declara la «improcedencia del vertido en las condiciones presentadas» y reclama «correcciones» al respecto, pues en caso contrario la solicitud de vertido sería «denegada».
Además, los ecologistas consideran que la juez instructora debe realizar «una comunicación expresa a Minera Los Frailes», la sociedad instrumental creada por México-Minorbis para las operaciones de reapertura y explotación de la mina, «sobre las diligencias previas que instruye desde hace cinco años, donde se cuestiona la propia legitimación de esa empresa para tramitar y realizar operaciones mineras» al ser los derechos adjudicados a México-Minorbis y no a su filial.
En ese sentido, y tras el escrito formulado al respecto por Emerita apostando también por nuevas diligencias, la representación de Minorbis avisa de que «el escrito de Emerita no aporta ni una sola novedad que justifique más diligencias de investigación». «Estamos ante un nuevo intento de alargar innecesariamente estas diligencias, porque la cuestión que vuelve a plantear Emerita no es novedosa y está más que superada, especialmente considerando la exhaustividad de las diligencias practicadas», sostiene Minorbis.
ASPECTO «YA DISCUTIDO»
Es más, Minorbis advierte de que «la supuesta modificación del proyecto que se está desarrollando con respecto al proyecto adjudicatario del concurso ya ha sido discutida en esta instrucción y valorada por su señoría al acordar el archivo en el auto de 11 de marzo de 2019», considerando «rotundamente incierto que el proyecto de Minera Los Frailes presentado por Grupo México-Minorbis que se está desarrollando sea inviable».
«Las alegaciones de Emerita no son más que un nuevo intento de mantener vivas unas diligencias que no dan más de sí, porque ya están todos los elementos para adoptar la decisión sobre el archivo. Están agotadas todas las diligencias practicables en relación con el procedimiento de adjudicación del concurso», insiste la representación de Minorbis.
«De admitir ahora las concretas diligencias que se solicitan, daríamos pie a mantener esta instrucción durante otros cinco años o incluso durante toda la vida del proyecto minero, porque sin duda quedan permisos por tramitar y por cuestionar por Emerita y quizás dentro de diez años sigamos ampliando las presentes diligencias», asevera Minorbis, apelando a la «finalidad» concreta de la investigación.
Y es que «si los errores fueron tan groseros como para ser constitutivos de delitos, no es necesario atender a cómo se desarrollan posteriormente los trámites autorizatorios del vertido, una cuestión totalmente ajena e independiente» a los hechos que se indagan en las actuaciones.
