El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, ha mantenido este lunes un encuentro a través de videoconferencia con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, a quien ha planteado la importancia de aplicar unos criterios justos y equitativos en el reparto de los fondos de ayuda para el coronavirus «para no ahondar en la brecha y el desequilibrio entre las comunidades autónomas».
Así, Celdrán ha recordado que los actuales criterios planteados por el Gobierno central «lejos de reducir las diferencias entre comunidades, crearían una gran brecha financiera que superaría el 189 por ciento, lo que incumple abiertamente los principios legales básicos de equidad, justicia y equilibrio territorial», según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
En este sentido, un reciente informe elaborado por expertos economistas de la Universidad de Murcia señalaba que, independientemente de cuáles sean los parámetros que se apliquen para el reparto de los fondos, la diferencia entre la comunidad que más reciba y la que menos no debería superar nunca las diferencias entre lo que cada territorio invierte en gasto sanitario, que en la actualidad es del 25,5 por ciento.
«Los criterios actuales no solo son inadmisibles por no valorar el esfuerzo sanitario de las comunidades que mejor gestionamos la crisis sanitaria del coronavirus, sino que son insolidarios y perjudiciales para el equilibrio territorial de España y crearían una fractura entre las comunidades para salir de la crisis que nos devolvería a una España de diferentes velocidades», ha lamentado Celdrán.
PREPARACIÓN DE LA CONFERENCIA SECTORIAL DE ADMINISTRACIONES
En el encuentro se analizaron además otros asuntos preparatorios para la próxima Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas, entre los que el Gobierno regional planteó la supresión de la tasa de reposición de efectivos como vía para eliminar las bolsas de interinos y dotar así de mayor estabilidad a los empleados públicos.
En la actualidad, esta tasa de reposición está fijada en el 75 por ciento para los sectores considerados no prioritarios, entre los que figura la mayoría del área de Administración y Servicios. Esto supone que de cada 100 plazas que quedan vacantes cada año por jubilaciones únicamente se pueden incluir 75 en las ofertas de empleo público, mientras que las otras 25 únicamente pueden ser cubiertas por interinos.
El titular de Hacienda ha explicado que esta medida «nos aboca a ir acumulando interinidad cada año, lo que resulta contradictorio con la puesta en marcha de Planes de Estabilización de Empleo Temporal». Y es que, añade, «no se trata de crear nuevas plazas, sino de dar estabilidad a empleados públicos que en algunos casos, y por esta ley estatal, llevan hasta 20 años como interinos».
«Se trata de una medida que tendría un impacto económico mínimo o nulo y que adquiere una especial relevancia ante el progresivo envejecimiento de las plantillas de la Administración que puede generar un problema de jubilaciones masivas de empleados públicos en los próximos años», ha subrayado.
Durante la reunión, Celdrán expuso también a la ministra el protocolo diseñado y puesto en marcha por el Gobierno regional para abordar el proceso de reincorporación presencial de los empleados públicos a sus puestos de trabajo con las máximas garantías de seguridad.
Este plan prevé un regreso escalonado y mantiene la apuesta por el teletrabajo, en especial para aquellos colectivos con hijos o personas dependientes a su cargo, así como condiciones especiales para aquellos colectivos considerados como de especial vulnerabilidad ante el coronavirus. Además, se incluyen medidas de prevención para garantizar la seguridad tanto de los empleados públicos como de los usuarios.
RESPUESTA CONJUNTA PARA LA ADAPTACIÓN A LA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
Durante el encuentro, el consejero de Presidencia y Hacienda planteó también la necesidad de crear un grupo de trabajo entre todas las comunidades autónomas para dar una respuesta coordinada a la adaptación de los grupos de clasificación profesional planteada por la modificación del Estatuto Básico de los Empleados Públicos (EBEP).
Se trata de una iniciativa que el Gobierno regional ya ha planteado en ocasiones anteriores con el objetivo de sentar unas bases comunes para que las comunidades puedan abordar la situación de colectivos como los técnicos superiores, que tras la reforma del Estatuto quedaban enmarcados en un grupo de clasificación profesional superior al que mantienen en la actualidad.
