De perjudicado a investigado. El vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha visto como una de las piezas separadas del caso Villarejo se ha vuelto en su contra. Lo que sirvió durante años en campaña para vender a Podemos como una víctima de las cloacas del Estado ahora no está tan claro. Y como Iglesias está cada vez más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados, los suyos han lanzado una nueva ofensiva contra los jueces que desliza la idea de que existe una conspiración judicial para derrocar al Gobierno. E incluso han pasado de pedir respeto a las decisiones judiciales a exigirlo para el Ejecutivo. Todo un esperpento que ha puesto a los jueces en el punto de mira de Unidas Podemos.
«Lawfare»; este es el concepto que ha salpicado esta semana los comentarios de varios dirigentes de la formación morada. Algunos no saben a qué se refieren, pero este viejo concepto acuñado por el periodista Ignacio Escolar ya sugería la idea de «conspiración judicial». Esta palabra se hizo popular en 2019 para hablar sobre una conspiración de los jueces contra el expresidente de Brasil Lula da Silva, pero ahora, cuando la Justicia pisa los talones a Iglesias, dirigentes de Unidas Podemos como Pablo Echenique la han recuperado para atacar a la Justicia española.
Lawfare.
— ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) May 26, 2020
Es la tercera vez en pocos meses que Iglesias anima a los suyos a criticar a la Justicia; solo que esta vez sobre quien planea el banquillo de los acusados es sobre el mismo líder. Las dos primeras, el Consejo se vio obligado a enviar un comunicado a Iglesias pidiéndole que se metiera en sus asuntos. Todo ante el silencio del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Pero ahora Iglesias ha elevado la presión sobre los jueces sugiriendo una conspiración judicial. Y todo porque una de las piezas separadas del caso Villarejo se ha vuelto contra el líder de Podemos.
El magistrado que instruye la causa contra el excomisario José Manuel Villarejo, Manuel García Castellón, sospecha que el vicepresidente del Gobierno pudo incurrir en delitos de revelación de secretos y de destrucción de pruebas por haber retenido durante años un pendrive con contenido privado de una asesora de Podemos muy cercana a él (de hecho, el USB contenía fotos íntimas de esa asesora). De hecho, el juez ha dejado abierta la posibilidad de imputar a Iglesias por estos delitos e incluso ha explicado a la asesora que puede denunciarle. Pero aunque Dina Bousselham, no se decante por hacerlo, García Castellón puede imputar a Iglesias. Y ahí está el detonante de que Podemos haya vuelto a criticar a los jueces.
Las reacciones de Unidas Podemos no se han hecho esperar ante lo que consideran otro atropello contra sus libertades y ya directamente deslizan la idea de golpismo judicial. Pero no solo en sus redes sociales. Recientemente, en dos entrevistas que el vicepresidente del Gobierno ha concedido al diario italiano La Stampa y al portugués Expresso sugería que hay fuerzas que pretenden dar un golpe de Estado para derrocarle. «Somos conscientes de los ataques de una ultraderecha política y mediática dispuesta a romper los consensos y asumir formas de golpismo», ha comentado en una de las entrevistas.
No es nuevo que miembros del Gobierno critiquen abiertamente al Consejo General del Poder Judicial y a los suyos. Ya en plena pandemia, Iglesias no guardó silencio ante la condena de una diputada autonómica de su partido. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó a la diputada autonómica Isabel Serra a 19 meses de prisión por delitos de atentado, lesiones leves y daños y el vicepresidente dejó caer su indignación ante tal fallo.
Ahora solo queda ver si la Justicia volverá a entrar en su juego y enviará un nuevo comunicado en el que pidan a Podemos que mantengan el decoro institucional a la hora de lanzar críticas al Gobierno o si simplemente ignorarán a Unidas Podemos.
