La ONG Oxfam Intermon ha pedido al Gobierno que «reconsidere» la propuesta para que los hogares formados por migrantes en situación irregular con menores a cargo puedan acceder al ingreso mínimo vital que está ultimando el Gobierno.
«No tiene ningún sentido que estos niños que se vayan a desarrollar profesionalmente en España crezcan sin igualdad de oportunidades, es pegarse un tiro en el pie como país», ha advertido el director general de Oxfam Intermon, Franc Cortada, este lunes 25 de mayo durante un debate telemático con diputadas del PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos.
En este sentido, Cortada se ha mostrado partidario de una regularización extraordinaria de los migrantes en situación irregular que, según ha recordado, son precisamente «los que han estado en primera fila» durante la crisis provocada por el coronavirus, trabajando en el campo o en el ámbito de los cuidados. Mientras llega, desde Oxfam animan a que, al menos se «aceleren los expedientes» como «alternativa».
Desde Unidas Podemos también creen que es el momento de llevar a cabo este proceso de regularización extraordinaria, mientras que desde el PSOE, PP y Ciudadanos piensan que este es «un debate diferente».
Para la diputada del PSOE María Luisa Carcedo, es «otro debate diferente» y, por ello, cree el ingreso mínimo vital tiene que «ajustarse» a cómo son las prestaciones de la Seguridad Social y que, si esta prestación no llega a determinadas poblaciones, habrá que articular «programas de ayuda específicos».
La diputada del PP Cuca Gamarra se ha mostrado directamente contraria. «No creemos que deba producirse en estos momentos», ha indicado. También la diputada de Ciudadanos Sara Giménez cree que es otro debate aunque considera que «los derechos de los menores se tienen que ver garantizados» y «que ningún niño se quede sin asistencia».
Por su parte, la diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido considera que este «sí es el momento de abrir un proceso de regularización extraordinaria» porque «hay colectivos en situación muy difícil».
Este es el caso de Patricia Torres, que vino de Colombia hace un año y medio, está sola a cargo de sus dos hijas y está en proceso de regularizar su situación administrativa. Torres es beneficiaria del Programa de apoyo de Asociación de Familias Monomarentales (AMASOL) pero teme que esta crisis retrasará mucho el proceso para obtener un permiso de trabajo.
«Mi proceso de regularización en este momento está en ‘stand by’. Todos los sistemas están colapsados, es entendible, pero mi pregunta es: ¿Y yo qué? ¿y mi núcleo familiar qué?», ha planteado.
REDUCIR UN 80% LA POBREZA SEVERA
En el debate, también ha participado la secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, Milagros Paniagua, quien ha apuntado que el objetivo que se plantea el Gobierno con la aprobación del ingreso mínimo vital es «reducir la pobreza severa en torno a un 80%» en España.
Paniagua ha dado algunas pinceladas de la propuesta como que llegará a unos 850.000 hogares (2,3 millones de personas), de los cuales la mitad serán hogares con menores a cargo y en torno a 100.000 serán monoparentales.
El director general de Oxfam ha subrayado que es un momento «histórico» por la aprobación de esta prestación que considera «un primer paso adelante».
Para la diputada del grupo socialista María Luisa Carcedo, es «una extraordinaria noticia» la aprobación de este mecanismo y ha destacado el hecho de que sea una medida «estructural» y «no temporal».
Por su parte, la diputada del grupo popular Cuca Gamarra ve «positivo» que haya una «única renta» y considera «interesante» vincularlo a una tarjeta única así como a «la búsqueda activa de empleo», aunque le preocupa cómo se va a responder a las necesidades del momento coyuntural actual, a las familias golpeadas por la crisis del coronavirus.
También ha mostrado su preocupación por la pobreza que ha generado el Covid-19 la diputada Sara Giménez, quien ha expresado asimismo sus dudas sobre cómo se «engranará» el sistema para que el ingreso mínimo llegue a las familias en pobreza extrema que no hacen la Declaración de la Renta y para incentivar al empleo.
Mientras, la diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido cree que este ingreso mínimo debe ser el primer paso para «caminar en el futuro» hacia la aprobación de una renta básica universal, que tenga también «perspectiva de género».
LA REGULARIZACIÓN GENERALIZADA GENERARÍA MUCHA OPOSICIÓN
En un debate posterior, también organizado por Oxfam Intermon, el Relator especial sobre extrema pobreza de la ONU, Philip Alston, que estuvo evaluando la situación en España el pasado mes de febrero, ha asegurado que es un «problema profundo» tener un gran número de personas «expulsadas» del sistema, en relación con los migrantes en situación irregular que no podrán acceder al ingreso mínimo, aunque ha reconocido que si él fuera político tendría en cuenta que una regularización generalizada iba a generar «más oposición» que otras medidas «igualmente efectivas».
«Si fuera político reconocería que hay diferentes formas de conseguir el objetivo y una regularización general va a generar mucha más oposición que muchas otras medidas que podrían ser igual de efectivas para garantizar un ingreso mínimo que llegara también a aquellas personas en situación irregular», ha precisado.
Por su parte, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que también ha participado en este segundo debate, ha asegurado que el ingreso mínimo vital es «un gran hito en la construcción del Estado del bienestar español» aunque no ha descartado que en el futuro tengan que «mejorarlo o ampliarlo». Además, ha defendido su «viabilidad» y ha destacado que habrá un cambio en los procesos administrativos para que haya «menos trabas» burocráticas a la hora de solicitarlo.
