El acuerdo firmado por el PSOE y Unidas Podemos con Bildu para la derogación «íntegra» de la reforma laboral de 2012 centrará la próxima sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, un Pleno en el que la oposición no sólo pedirá cuentas al presidente Pedro Sánchez y varios ministros por ese pacto, sino que también tratará de poner de relieve las discrepancias que sobre el mismo parecen existir en el seno del Gobierno de coalición.
Horas después de Bildu anunciara ese acuerdo con socialistas y morados para una «derogación integral» de la reforma laboral, el PSOE rectificó precisando que sólo pretende derogar los aspectos más lesivos de la misma. «Lo firmado obliga», replicó al día siguiente el vicepresidente Pablo Iglesias, de Podemos, pero la portavoz socialista, Adriana Lastra, insistió después en que el PSOE «nunca» ha pensado «eliminar de un plumazo» toda la reforma laboral.
En medio de las divergencias, la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, sentenció que es «absurdo y contraproducente» abrir el debate de la reforma laboral en plena crisis económica y social por el coronavirus.
Y el viernes, tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, justificó el acuerdo alegando que tenían la «obligación» de «amarrar» los votos necesarios para garantizar que la quinta prórroga del estado de alarma. No obstante, cuando se conoció el pacto con Bildu al Gobierno ya le daban los números para prorrogar el estado de alarma.
SEIS PREGUNTAS Y UNA INTERPELACIÓN
Así las cosas, los grupos parlamentarios han registrado en el Congreso hasta seis preguntas sobre este polémico y matizado acuerdo con la izquierda aberzale, así como y una interpelación para el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.
En concreto, el líder del PP, Pablo Casado, preguntará directamente al presidente Sánchez si su Gobierno «va a derogar de forma íntegra» la ley que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012, tal y como firmó la ‘número dos’ de los socialistas, Adriana Lastra.
Y la misma pregunta han registrado para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, tanto el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, como la secretaria general del grupo parlamentario de Vox, Macarena Olona.
¿Y QUÉ PASA CON EL DIÁLOGO SOCIAL?
De su lado, la ‘popular’ Carolina España intentará que Díaz le conteste a cómo piensa recuperar el dialogo social tras el pacto con Bildu habida cuenta de que la CEOE lo ha dado por roto tras conocer ese acuerdo y hasta los sindicatos han criticado que haya un acuerdo político orillando a los agentes sociales.
El portavoz adjunto del Grupo Popular Mario Garcés ha elegido a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, para que diga si, desde su punto de vista, el acuerdo con Bildu refuerza la posición de España en la negociación de los acuerdos europeos para la recuperación económica tras la pandemia».
«Sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica», dijo Calviño este jueves criticando el pacto alcanzado con los de Arnaldo Otegi. Además, avisó de que «cualquier modificación» en materia laboral «se hará de forma dialogada con los agentes sociales», a los que ha agradecido su comportamiento «tremendamente responsable» y ha otorgado un papel «clave» de cara a la recuperación de la economía tras la pandemia de coronavirus.
ACUERDOS CON EL «NACIONALISMO RADICAL»
El PP también ha registrado una pregunta para la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, con el objetivo de que explique «cómo piensa articular la financiación territorial» tras el pacto con la izquierda abertzale.
Pero además, el primer partido de la oposición tiene intención de dirigir una interpelación al vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, para que informe a la Cámara de «cómo van a influir en la acción de Gobierno los acuerdos políticos con el nacionalismo radical».
