La Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19 en la Administración de Justicia ha acordado en su reunión de este viernes avanzar a la fase 2 de la desescalada en la Administración de Justicia, lo que implica que a partir del próximo martes 26 de mayo, y durante quince días, acudirán a sus centros de trabajo entre el 60 y el 70 por ciento del personal de juzgados y tribunales. Además se establecerán turnos de tarde cuando el número de funcionarios impida garantizar la seguridad.
El BOE publicará mañana la orden por la que se activa la fase 2 y los criterios para su implantación. La medida supondrá un refuerzo importante de efectivos en la prestación del servicio público durante la transición a la nueva normalidad desde criterios de salud laboral.* El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado durante la reunión que, junto a esta desescalada gradual y progresiva, el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales a partir del 4 de junio será clave en la reactivación judicial. La medida ha quedado formalmente aprobada por el Consejo de Ministros tras la autorización dada por el Congreso de los Diputados este miércoles a la prórroga del estado de alarma.
* Campo ha explicado que «lo más prudente» era reactivar los plazos en esa fecha y no antes, porque permitirá reanudar la tramitación pendiente en las condiciones previstas para la fase 3, con el 100 por cien de efectivos en los juzgados.*
23 JUZGADOS TEMPORALES PARA ATENDER LA CRISIS POR COVID
El ministro ha reclamado también durante la ComisIón de Crisis a las comunidades autónomas y las administraciones competentes «voluntariedad y generosidad» para articular la puesta en marcha de juzgados que atiendan, de forma temporal, los asuntos derivados de la crisis. Campo ha avanzado que el planteamiento del Ministerio de Justicia es tener en funcionamiento a finales de año 23 de estos órganos que continuarán su actividad en 2021.* Finalmente, ha señalado que su departamento trabaja ya en el diseño y planificación de planes de choque en los órdenes de lo social, contencioso-administrativo y mercantil, los más afectados por el parón de actividad. La idea es*identificar desde diferentes parámetros estadísticos dónde es necesario poner el foco y establecer los refuerzos para ayudar a la recuperación económica.
Así, Campo ha llamado a «coordinar y conectar esfuerzos» para el éxito de estos planes específicos de actuación, sobre los que se realizará un seguimiento exhaustivo, para su reedición en 2021. «Tenemos que demostrar que tenemos capacidad para resolver los problemas de la ciudadanía», ha señalado.
