La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha avanzado que el Gobierno gallego tramitará en próximos días una nueva orden que tiene como objetivo reforzar la labor inspectora en las residencias de mayores. Así, las personas usuarias de las residencias y sus familias podrán presentar directamente las quejas y denuncias ante la consellería, con el objetivo de dar respuesta.
Lo dijo en respuesta a preguntas formuladas por los grupos de la oposición en la sesión de la Diputación Permanente que ha tenido lugar este miércoles, en la que la conselleira también recordó la labor inspectora en lo que va de legislatura y en la que defendió la gestión de la Xunta en esta crisis sanitaria. Además, lamentó el número de fallecidos que hubo en las residencias de mayores, pero defendió la actuación con «transparencia» del departamento que ella dirige y la intervención en el 100 por cien de los centros.
Esta iniciativa se suma, dijo, a la puesta en marcha de campañas específicas para asegurar que las residencias respetan el patrimonio de los usuarios y el cumplimiento de los precios estipulados, para que nos e facturen como «extra» cuestiones de forma «indebida».
Fabiola García ha indicado, asimismo, que el plan de inspección para 2020 prevé realizar más de 1.500 controles a centros de servicios sociales, un 20 por ciento más de las programadas el año anterior. En lo que va de legislatura, y hasta el inicio de la pandemia, se habían abierto 33 expedientes sancionadores a residencias de mayores y cerrado dos centros. Durante este tiempo, los inspectores acudieron a 37 centros e incoaron cuatro expedientes sancionadores.
La conselleira ha defendido que Galicia «peleó mucho» y que el Gobierno «no estuvo» aunque se le «esperó» y «aún lo están esperando», y censuró que «hizo dejación de funciones» en los «dos únicos centros» con los que cuenta en Galicia, en Bergondo y otro en Ferrol. «Hubo más promesas incumplidas que respuestas», ha lamentado.
Las respuestas de la conselleira vinieron después de que la diputada Luca Chao (Común da Esquerda) censurase la gestión de la Xunta y lamentase que «no se disculpe por privatizar» estos centros. Además, la diputada le acusó de ir al Parlamento con un «disfraz de gestor frío e insensible» y le criticó que «no asumiese responsabilidades políticas» por lo ocurrido en las residencias de mayores, en que se concentró el mayor foco de contagios en Galicia.
El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, cuestionó la «anticipación» de la que hizo gala la conselleira. «Si se anticiparon, explique qué pasó», ha dicho, antes de preguntar por los datos de cada una de las residencias y de pedir que «deje de confrontar con el Gobierno de España». «Tiene plenas competencias en servicios sociales», le ha recriminado.
En otra pregunta, la diputada del BNG Montse Prado le afeó que «no interviniese todas las residencias» desde el inicio, a lo que la conselleira respondió aludiendo a que se reforzaron con 1.013 trabajadores que «acudieron a la llamada de la Xunta y se pusieron a trabajar» procedentes de otros servicios.
Además, ha remarcado que actualmente «el 100 por cien de las residencias de mayores está tutelada» por Galicia y lamentó que «se use una pandemia para emprender una causa general contra todas las residencias de Galicia».
0,7 POR CIENTO
Por otro lado, la diputada del PP preguntó por el reparto de fondos sociales del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas. En este sentido, Fabiola García ha señalado que el Ejecutivo reconoció que Galicia es una de las nueve comunidades que «recibe menos dinero del que le corresponde» de la asignación de estos fondos.
En la propuesta de reparto para este año, Galicia «es la única que solo actualiza sus fondos en un 0,9%, lo correspondiente a la inflación, frente al 15,2% de la media que recibirán el resto», ha expuesto la conselleira, que, como ya dijo la semana pasada, se está barajando presentar una cuestión de constitucionalidad.