La Consejería de Educación hará pública mañana, en la Conferencia Sectorial que reunirá a Ministerio y comunidades, la postura de Cantabria respecto a la vuelta parcial a las aulas para alumnos de Infantil con ambos progenitores trabajando así como de 4º de la ESO, 2ª de FP y 2º de Bachillerato, con carácter voluntario, a la que se han opuesto la mayoría de sectores de la comunidad educativa regional.
Una posición de la Administración que no ha trascendido a pesar de las múltiples reuniones que ha mantenido la consejera, Marina Lombó (PRC), con los diferentes ámbitos implicados en la educación, que sí han expresado mayoritariamente su posición contraria a este retorno parcial a las aulas.
Un regreso previsto a partir del 25 de mayo, que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), dentro del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, y que desde la Consejería se precisó desde el primer momento que sería «como pronto» desde esa fecha y con carácter voluntario.
La consejera garantizó, en una comparecencia parlamentaria el 30 de abril, que su departamento estará preparado para el retorno a las aulas a partir del día 25 y que, a pesar de la complejidad que entraña esta medida, será «una vuelta segura».
La titular de Educación, que siempre se ha remitido a las instrucciones dictadas desde Madrid respecto a la gestión de la pandemia de coronavirus, precisó ayer en un comunicado que «en todo momento» la vuelta parcial a las aulas cántabras para finalizar este curso ha sido siempre una «hipótesis» del plan del Gobierno central y que la decisión definitiva se tomará siguiendo criterios estrictamente «sanitarios y pedagógicos.
En este sentido, señaló que si Cantabria viese la necesidad de «apartarse» de ese escenario, lo defenderá mañana ante el Ministerio en base los argumentos «claros, serios y rigurosos» que se deriven del análisis y la consulta a diversos estamentos que está realizando en estos momentos.
En este sentido, los Comités de Directores de Educación Infantil y Primaria, Secundaria y Educación Concertada, y la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, TU, CCOO, UGT y CSIF) le han trasladado su oposición a la reanudación de las clases presenciales tal y como está establecida en el plan de desescalada del Gobierno de España, mientras que la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (FAPA) considera que es «una opción más» para «quienes realmente tienen necesidad de conciliación».
Por su parte, la Consejería ha solicitado a las familias que comuniquen si, de ser posible, sus hijos volverían a las aulas. Aunque el plazo de respuesta para las familias ha concluido, hasta hoy no se cierra el de los colegios para remitir la información a Educación, por lo que el número de interesados en regresar a los centros educativos este curso también podría darse a conocer mañana.
Si finalmente Cantabria establece la necesidad de apartarse de la «hoja de ruta» dictada por el Gobierno de España, que ostenta el mando único por el estado de alarma, lo hará en base a criterios sanitarios y pedagógicos y con argumentos «claros, serios y rigurosos», ha dicho la consejera, que ha levado una consulta a Salud Pública sobre el regreso a las aulas y ha constituido un Comité técnico para la adecuación de los centros educativos.
SECTORIAL
En la Conferencia Sectorial de Educación que presidirá mañana la ministra, Isabel Celaá, se pretende llegar a un acuerdo con todos los gobiernos autonómicos para adaptar el próximo curso escolar a la evolución de la pandemia del coronavirus.
En concreto, se quieren consensuar las medidas necesarias para adaptar los centros educativos a la recomendación sanitaria de distancia social que eviten contagios de coronavirus.
El Ministerio de Sanidad ya ha trasladado indicaciones para que se mantengan dos metros de separación en espacios como los centros educativos. Esta medida se mantendrá mientras no existan otros métodos más efectivos en la prevención de contagios como una vacuna, que de no existir en septiembre, obligará a las aulas a reducir el número de alumnos el próximo curso a un máximo de 15.
Desde el Ministerio de Educación señala que, en todo caso, se trataría de un «criterio indicador» que trasladarían a las comunidades autónomas, aunque los gobiernos regionales tendrán la capacidad de ajustar estas medidas a la realidad de sus centros.
