La Delegación del Gobierno ha comunicado al alcalde de Vilafranca de Bonany (Mallorca), Montserrat Rosselló, una propuesta de sanción de 3.000 euros por incumplir el confinamiento impuesto por el estado de alarma.
La sanción no es firme y Rosselló la puede recurrir, o pagarla por adelantado y reducir así el importe a la mitad.
La multa procede de un acta que levantó la Guardia Civil al detectar al alcalde en un domicilio que no era el suyo, reunido con otras personas, tras recibir un aviso de un vecino.
Rosselló, de Partit per al Poble (PxP), es alcalde de Vilafranca desde 2011.
Las infracciones administrativas por quebrantar el confinamiento pueden llevar aparejadas multas de 600 a 30.000 euros. En total, durante todo el periodo de estado de alarma, las fuerzas de seguridad han levantado más de 12.500 actas en Baleares.
