La falta de un plan, la falta de previsión y las continuas rectificaciones del Gobierno tienen atemorizada a media población. España y el mundo viven una de las crisis sanitarias más importantes del último siglo (sino la más relevante) y el Ejecutivo de Pedro Sánchez no solo ha reaccionado tarde, sino que sigue improvisando con todo tipo de cuestiones. La compra de test rápidos para el coronavirus, la adopción de medidas de confinamiento en todos los estratos, la adquisición de material sanitario o cómo abordar el proceso de desescalada de la cuarentena han marcado la crisis. Pero el nivel de improvisación es tal que incluso horas después de anunciar que los niños podrían relajar su confinamiento solo yendo al supermercado decidieron cambiar de idea por la presión popular.
El resultado de tanta improvisación se ha dejado ver en los resultado dramáticos que arroja la pandemia. La última hazaña ha sido con los niños. Primero salió la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, afirmando que los menores de 14 años podrían acompañar a sus padres al supermercado, a las farmacias o al banco. Pero ante el sinsentido de la medida y ante las críticas internas el Ejecutivo decidió modificar su propio criterio horas después para afirmar que sí, que los jóvenes podrán salir a pasear cerca de casa. Algo que no tardó en atribuirse el vicepresidente social del Gobierno Pablo Iglesias.
Puede parecer un error absurdo, pero esa falta de coordinación, las disputas internas constantes y un Iglesias metiendo mano en todas las competencias de los ministros socialistas han marcado los primeros meses de legislatura, azotados por la pandemia. Lo de los niños queda pendiente de que elaboren el decreto con el presunto consenso de los supuestos expertos, pero la improvisación ha llevado al Gobierno a cometer errores más graves, como con algo tan importante como los test para detectar el coronavirus.
Compraron test y fueron fallidos. Un error comprensible, a pesar de que la embajada de China advirtió que a quien estaban comprando las pruebas era una empresa no homologada. Volvieron a adquirir pruebas, y volvieron a fallar. Y ahora se han comprometido a gastarse 17,1 millones de euros por esas pruebas que son poco precisas y no se sabe qué pasará con ese dinero público.
La improvisación también ha llevado al Gobierno a no ser capaz de adquirir material de protección para los sanitarios. Al menos no suficiente. La entrada en la partida del presidente de Inditex, Amancio Ortega, y de otras miles de empresas que donaron mascarillas y batas para los profesionales sanitarios aligeró el desastre con la marca del Gobierno, pero aún así el material escasea y el poco que se ha comprado a nivel oficial es defectuoso. De hecho, hay miedo a que cientos de sanitarios estén infectados por haber usado durante semanas este material en mal estado.
Otro ejemplo de la improvisación constante del Gobierno han sido los expedientes temporales de regulación de empleo, los autónomos y cómo acudir a las prestaciones del paro. Primero el Gobierno dio facilidades a las empresas para poder presentar los ERTEs, y cuando vio el aluvión de expedientes, improvisó y admitió que esas facilidades solo estarían vigentes durante el estado de alarma.
Respecto a los autónomos, más de lo mismo. El Gobierno les obligó a pagar la cuota de marzo, cuando durante casi todo el mes tuvieron que estar confinados. Y después, cuando vio que las consecuencias serían más duras de lo esperado para este colectivo y ante la presión ejercida por los mismos, empezó a aprobar moratorias del pago de la cuota.
La improvisación también ha llegado a las comunidades autónomas. El choque entre el Gobierno central y los autonómicos se ha dejado notar y los delegados del Ejecutivo han constatado su incompetencia en algunos casos. El más ilustrativo es Madrid, donde la presidenta Isabel Díaz Ayuso pidió planes concretos para el reparto de mascarillas durante la reapertura y el delegado José Manuel Franco se dedicó a improvisar desde el mismo domingo 12 de abril (unas horas antes de la reapertura) cómo darían ese material a los españoles. Y cómo no, fue un auténtico desastre.
Aún queda por ver cómo afectará al país el proceso de desescalada del confinamiento y las consecuencias a nivel laboral de haber suspendido la actividad del toda España durante prácticamente dos meses. Pero el Gobierno sigue improvisando sin tener siquiera el consenso de sus propios expertos.