Los vigilantes de Ombuds siguen pagando los platos rotos por la quiebra de la empresa. La mayoría de ellos —en total hubo casi 8.000 afectados— todavía siguen sin recibir las nóminas atrasadas que el grupo de seguridad les adeuda desde este verano. Algunos de estos empleados son los que cubren los servicios de Carrefour, donde trabajan alrededor de 500. La cadena de supermercados rompió sus relaciones con Ombuds en julio y desde ese momento otras empresas, como es el caso de Ilunion —en la zona de Levante y Andalucía— asumieron las labores de vigilancia.
Ombuds, la empresa de seguridad de los Cortina, ya está liquidada a día de hoy y no puede abonar los atrasos. La pelota está en el tejado de los grupos contratistas, es decir, de Ilunion, y también de Carrefour, como cliente, que según afirman desde los sindicatos de trabajadores, tienen la responsabilidad solidaria de asumir la deuda. Sin embargo, ambos están negándose a proceder a estos pagos, incluso han intentando en ocasiones previas incluir cláusulas abusivas en sus contratos para evitar estas situaciones. Ahora un sindicato les ha denunciado precisamente por negarse a pagar.
LA DENUNCIA A ILUNION Y CARREFOUR
El representante de los vigilantes de Alternativa Sindical ha vuelto a interponer una demanda de incidente concursal ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid. Antes ya había puesto una colectiva por causas similares. El principal motivo de esta denuncia es impugnar la lista de acreedores elaborada por la Administración Concursal donde se ha trasladado dicha deuda a la empresa pública Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Con esta medida, también pretenden mostrar su malestar y presionar para que la Justicia considere a estas empresas responsables solidarias, como establecen otras sentencias previas, y sean ellas quien paguen la deuda.
El portavoz del sindicato, Alberto García, asegura que han presentado esta demanda porque “no les parece justo” que el dinero que ha adeudado una empresa privada, como es Ombuds, tenga que abonarlo otra pública, como el Fogasa. “Nos parece lamentable y más teniendo en cuenta que tanto Ilunion como Carrefour tendrían que pagarlo atendiendo a una sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
El fallo judicial del TJUE al que se refiere García es el caso Somoza Hermo del año 2018. En esta ocasión, el organismo europeo resolvió una situación similar de deuda con los empleados, alegando que “los Estados miembros pueden establecer la responsabilidad solidaria entre el cedente y el cesionario”, aunque es importante matizar que no obliga a ello. Luego será el turno de los juzgados nacionales que determinarán si finalmente obligan a efectuar el pago o no. Un aspecto que desde Alternativa Sindical pretenden conseguir acudiendo a la Justicia.
Por el momento, Ilunion, una de las demandadas, no se ha mostrado partidaria de abonar las nóminas atrasadas a los vigilantes. El grupo se ha reunido con representantes sindicales y ha eludido sus posibles responsabilidades. García tilda a la empresa, que pertenece a la ONCE, como “un ente low cost” y por este motivo se niega a pagar a los vigilantes que tienen contratados. En caso de que la demanda del sindicato no saliera adelante, los sueldos atrasados, que son principalmente la nómina de junio y la extra de verano, tendrían que cubrirse con dinero público. El Fogasa, desde que se presenta la solicitud, abona las cantidades adeudadas a los 2 o 3 meses.
CLÁUSULAS «ABUSIVAS» EN LOS CONTRATOS
Los representantes de los trabajadores llevan tiempo luchando para que las empresas que subrogan a los trabajadores de Ombuds subsanen las cuentas de los afectados. “Los grupos de seguridad que se han quedado con estos servicios ya saben de antemano que se les puede reclamar la deuda y aún así lo asumen porque saben que, incluso teniendo que pagarla, van a tener más beneficios que pérdidas”, añaden fuentes sindicales.
Aún así, las empresas cesionarias evitan a toda costa tener que enfrentarse a estos pagos, que teniendo en cuenta el volumen de trabajadores afectados, es muy elevado. Algunas, incluso, han intentado imponer cláusulas muy concretas en los contratos que firmaban con los exvigilantes de Ombuds para que estos, de antemano, renunciarán a esta posibilidad. Es el caso de Prosegur, que asumió varios de estos servicios que quedaban huérfanos.
Varios sindicatos, tanto Alternativa Sindical como ADN Sindical, criticaron que en sus contratos se incluyera una cláusula que tildaron de “abusiva”. El trabajador, según alegan, se veía obligado a aceptar que “todas las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a esta subrogación y que no hayan sido satisfechas o cumplidas con la anterior empresa, serán reclamadas única y exclusivamente a aquella, quedando liberada de esas reclamaciones Prosegur”. Finalmente esta situación no se llegó a materializar, ya que la empresa reculó tras las quejas de trabajadores y sindicatos.
La empresa de seguridad Ombuds, hasta hace unos meses una de las más importantes de España y que es propiedad de la familia Cortina, entró en concurso de acreedores el pasado verano dejando sin sueldo a sus cerca de 8.000 empleados. Fueron varias las entidades afectadas por esta situación. Unas rescindieron pronto el contrato, como es el caso de Carrefour o Ifema, mientras que otros, como Metro de Madrid, siguen, aún con Ombuds liquidada, sin buscar un nuevo contratante.
