La Audiencia Provincial de Madrid ha comenzado a juzgar este lunes a una trabajadora social del Hospital Psiquiátrico Alonso Vega de la capital de España acusada de falsificar el DNI de un hombre fallecido en 1980 y cobrar así su pensión de jubilación por incapacidad absoluta durante 33 años.
La sección 17 de la audiencia madrileña solicita una pena de seis años de prisión. Se le acusa de un delito de falsedad documental, así como de un delito continuado de estafa. También se pide una indemnización a la Seguridad Social de 205.590,02 euros y una multa de 4.000 euros.
APERTURA DE CUENTA PARA COBRAR LA PENSIÓN
En su escrito de acusación provisional, el Ministerio Público explica que Juana I.M. ejercía como trabajadora social en el mencionado hospital psiquiátrico madrileño en el año 1980. Allí se encontraba internado J.P.M., que murió el 17 de marzo de ese mismo año.
La acusada se aprovechó de que el fallecido en Madrid no tenía familiares conocidos para hacerse con su Documento Nacional de Identidad original, así como de la correspondiente documentación bancaria. Su finalidad fue la de seguir percibiendo la pensión de jubilación por incapacidad absoluta que percibía el paciente. Esta pensión estaba concedida desde el 1 de febrero de 1977.
Para poder cobrar el dinero, la acusada optó por abrir una cuenta corriente en la entidad bancaria Caja Madrid a nombre del fallecido. En ella domicilió el pago de las pensiones y retiraba cada mes el dinero ingresado en la misma en efectivo.
A partir del año 2008, Juana cambió su manera de actuar y decidió falsificar una autorización a su nombre firmada aparentemente por el fallecido. De esta manera podía hacerse con el dinero de una manera más sencilla y cómoda para ella.
MÁS DE 205.000 EUROS
En un principio, la acusada recibió un dinero que, hoy en día, corresponde a unos 104,16 euros. Sin embargo, en el año 2012 pasó a percibir 675,64 euros al mes, y en 2013 alcanzó los 689,15 euros mensuales. De esta manera, obtuvo de manera fraudulenta un total de 205.590,02 euros.
En enero del año 2013, Bankia (antes Caja Madrid), exigió a Juana que presentase una Fe de Vida y Estado del fallecido. Esta la obtuvo del Registro Civil Único de Madrid y la presentó junto al DNI original del fallecido y una autorización a su favor que ella misma había creado y firmado con una rubrica confeccionada por ella misma.
En ese mismo año, fue detenida en el mes de julio por un delito contra la hacienda pública y por falsificación documental. Fue precisamente la solicitud de la entidad bancaria la que permitió detectar el fraude.
Tras haber cobrado una pensión por incapacidad absoluta desde el 1 de abril de 1980 hasta el 31 de julio de 2013, se solicitan seis años de prisión. Además, se reclama que abone al Instituto Nacional de la Seguridad Social una multa de 205.590 euros.
También se pide que se le imponga una multa de 4.300 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
FE DE VIDA Y ESTADO
La solicitud de la entidad bancaria, llamado Certificado de Fe de Vida y Estado, es un documento que acredita que una persona está viva, además de su estado civil.
Esta se acredita por la correspondiente fe del Encargado del Registro Civil tras la comparecencia del sujeto interesado. No obstante, también se puede acreditar por acta notarial de presencia, y el estado civil por declaración jurada, acta de notoriedad o afirmación solemne del sujeto en cuestión.
Este trámite puede ser solicitado por cualquier ciudadano. Así lo hizo la ahora juzgada, con el objetivo de poder seguir percibiendo la pensión del hombre fallecido en Madrid en el año 1980.
NO ES UN CASO AISLADO
El fraude a la hora de cobrar las pensiones es más habitual de lo que se pueda imaginar. En muchas ocasiones hay personas que ocultan la muerte de familiares, amigos o conocidos para quedarse con sus pensiones.
Para ello se falsifican documentos y partidas de defunción para que no haya constancia de la muerte del pensionista. Esto les permite seguir recibiendo su paga cada mes.
A finales del año 2018, la Policía Nacional identificó a 46 personas y detuvo a nueve de ellas por ocultar la muerte de allegados para quedarse con sus prestaciones. Uno de los detenidos había cobrado prestaciones de forma ilícita durante casi 20 años, llegando a disfrazarse y actuar como si fuese un nonagenario.
En aquella operación se detectaron un total de 53 delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida. En ellos se pagaron de manera indebida casi 6 millones de euros.
COBRO DE PENSIÓN HASTA 10 AÑOS DESPUÉS DE MUERTOS
En el pasado mes de junio se pudo conocer la existencia de un gran fraude en las pensiones. El Tribunal de Cuentas detectó que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) pagó durante el año 2016 pensiones no contributivas a 1.096 personas que ya habían fallecido.
El IMSERSO pagó durante dicho año un importe superior a los 11 millones de euros. De ellos, tan solo se recuperaron cerca de 2,2 millones, un 20% de la cantidad abonada de la forma indebida.
Desde el Tribunal de Cuentas se considera que existen evidentes debilidades en el procedimiento para detectar fallecidos por parte de los órganos que se encargan de gestionar las prestaciones. Se considera que es muy significativo cuando el tiempo transcurrido entre el fallecimiento de la persona y su detección supera los cuatro años. Esto supone un problema por la posible prescripción del derecho a recuperar dichas cantidades que se abonan de una manera indebida.
VALENCIA, LA COMUNIDAD CON MAYOR FRAUDE
A la hora de valorar las estadísticas por regiones, la Comunidad Valenciana es en la que radica el mayor número de beneficiarios fallecidos. En total son 234, lo que supone un abono indebido de 9,8 millones de euros, de los cuales se han recuperado apenas millón y medio.
Tras la comunidad del Mediterráneo se sitúan Galicia, Andalucía y las Islas Canarias, con 208, 138 y 134 personas, respectivamente.
Dados los datos, desde el Tribunal de Cuentas se indica a la Seguridad Social a que inste a las entidades financieras a que realicen los correspondientes controles de vida. Para ello deben requerir el Certificado de Fe de Vida.
No obstante, por norma general, en más de la mitad de los casos las pensiones no contributivas se abonan a personas ya fallecidas durante uno o dos meses. Esto es considerado normal y hace que los pagos cesen una vez que el órgano gestor tiene conocimiento de su fallecimiento. Sin embargo, hay casos en los que se han superado los 10 años pagando la pensión a un fallecido.
