El Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso comparte una misma preocupación con los padres de los niños que precisan Educación Especial: el nuevo Gobierno central. La irrupción de Unidas Podemos ha puesto en alerta a varias asociaciones a favor de este tipo de educación y también ha levantado las alarmas en algunos Ejecutivos regionales, como es el caso de Madrid.
La región madrileña es una de las que mayor oferta de estos centros tiene de España. Un total de 66 colegios dedicados en exclusiva a estudiantes con necesidades especiales —25 públicos y 41 concertados— y además hay ocho escuelas públicas de Educación Infantil y Primaria que cuentan con unidades específicas para menores con algún tipo de discapacidad.
LA PREOCUPACIÓN DE DÍAZ AYUSO
La defensa de la Educación Especial ha acompañado desde el principio al gobierno de coalición de PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid (CAM). Tanto Díaz Ayuso como el vicepresidente, Ignacio Aguado, han mostrado su intención de que las familias madrileñas puedan elegir “libremente” en qué centro quieren que estudien sus hijos.
La presidenta ha reconocido que le “preocupa gravemente el anuncio del nuevo Gobierno de suprimir”, entre otras cuestiones, la Educación Especial. Una preocupación que también comparten desde la Consejería de Educación que dirige Enrique Ossorio. Fuentes de la misma aseguran que comparten con los padres la “incertidumbre” por el futuro de este modelo educativo desde la llegada de la formación morada al Ejecutivo.
Desde la Consejería insisten en que ellos “apoyan la Educación Especial” y lo consideran una forma más “de inclusión”. Estas fuentes insisten en que los menores que estudian en estos centros están mejor atendidos porque en ellos “se explotan sus habilidades de una manera específica” y de no existir estos colegios “no podrían avanzar en su aprendizaje”.
Una posible reforma de la Ley Educativa a nivel nacional, en la que se propusiera eliminar la Educación Especial, es para ellos “un error”. Ante esta posibilidad, la Comunidad de Madrid asegura que “va a defender la potestad de los padres” por encima de otros intereses. En este sentido, los dos partidos del Gobierno, PP y Ciudadanos, comparten un mismo pensamiento. Incluso antes de materializarse la coalición, Aguado ya se mostraba a favor de que los padres con niños con discapacidad “pudieran elegir libremente la modalidad educativa que prefieran para sus hijos”.
NORMATIVAS COMUNITARIAS
Los distintos gobiernos regionales están adoptando diferentes posicionamientos en esta cuestión. Mientras que Madrid se muestra totalmente favorable a impulsar esta modalidad, otras regiones han defendido otro planteamiento. Es el caso del Ejecutivo de Francina Armengol, en las Islas Baleares. La plataforma PLIS Educación, por favor ha denunciado que el anteproyecto de la Ley educativa en la comunidad “pone en peligro los centros de educación especial”.
PLIS advierte de que en “los artículos 101 y 127 del anteproyecto solo contemplan un modelo de atención en aulas ordinarias de centros ordinarios, sin ofrecer otras alternativas ni dar capacidad de decisión a los padres” y ya ha anunciado que presentará las alegaciones correspondientes para que esto no se materialice. El presidente de la plataforma, Pep Ignasi Aguiló, insiste en que es importante que “los padres pueden elegir”.
Aguiló entiende que la convivencia de diferentes modalidades educativas es posible y beneficiosa “desde el punto de vista pedagógico”. A su juicio, la decisión del gobierno de Armengol corresponde más a una cuestión “ideológica que pedagógica”. Para el presidente de PLIS, al igual que para otras asociaciones que defienden la misma meta, la solución sería que existiera una Ley Nacional que aclarara este punto y no permitiera las interpretaciones personales que pueda tener cada Ejecutivo regional.
LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL
Los padres de estos niños con necesidades especiales reconocen que ahora mismo se encuentran en una “tensa espera” hasta conocer cuáles son las nuevas medidas que dispone el Gobierno de coalición en lo referente a esta materia. Por el momento, no se conocen cuáles serán estos planes, aunque estos progenitores prefieren confiar en la palabra de la ministra de Educación, Isabel Celaá, quien ha prometido que no se van a eliminar estos centros.
La titular de Educación tuvo que salir a desmentir a algunas voces críticas, sobre todo de la oposición, que afirmaban que el nuevo Gobierno iba a erradicar esta modalidad educativa. Celaá aseveró que todas esas informaciones eran “fake news”. Sin embargo, los defensores de este tipo de educación aún se mantienen a la expectativa, sobre todo, por la inclusión de Unidas Podemos en el Gobierno.
La llegada del equipo de Pablo Iglesias hizo saltar todas las alarmas de los colectivos que están a favor. El portavoz de Inclusiva Sí, Especial También, Luis Rojo, reconocía que les había preocupado que en el texto del programa electoral del PSOE y en el posterior documento de acuerdo de Gobierno hubieran cambiado ligeramente los términos. El primero hablaba con más claridad de la continuidad de este modelo educativo, mientras que el segundo era más ambiguo.
En ese último texto se especificaba que “la nueva Ley de Educación garantizará desde sus principios rectores la inclusión y la eliminación de la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes, por sus necesidades educativas especiales o por sexo”. Esta afirmación, en la que se habla de “eliminar” es lo que mantiene en vilo a los padres, aunque siguen confiando la promesa de Celaá. La formación morada se ha mostrado abiertamente en contra de este tipo de enseñanza, porque a su juicio, “segrega” a los menores.
