La historia se repite. En 2019, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) se gastó 90.000 euros en defenderse de una denuncia que interpuso la Seguridad Social por haber cubierto presuntamente puestos de trabajo estructurales con becarios. Ahora, la Universidad Carlos III ha seguido los pasos de la Autónoma y ha pagado otros 90.000 para defenderse del mismo supuesto delito. El gran beneficiado, como en anteriores ocasiones, es el bufete que ideó la reforma laboral de Mariano Rajoy: Sagardoy Abogados.
Tras una inspección de trabajo idéntica a la que puso contra las cuerdas a la Autónoma, la Carlos III fue denunciada por la Seguridad Social. Según el criterio de la administración, la universidad contrató a 570 becarios presuntamente de forma irregular. Y por ello le reclaman al centro educativo hasta 1,5 millones de euros. La universidad madrileña, eso sí, al ser pública, pagará 90.000 euros públicos al mismo bufete que defendió a la UAM.
No es de extrañar que la Carlos III haya querido contratar los caros servicios del bufete que estuvo detrás de los mimbres de la reforma laboral. A pesar de que era la propia Seguridad Social a través de una inspección de trabajo la que determinó que se habían utilizado becarios para cubrir puestos de trabajo estructurales, la Justicia dio la razón a la UAM. Este resultado ha llevado a la Carlos III a seguir los pasos de la otra universidad madrileña.
La universidad Carlos III parecía tenerlo claro. La licitación ha ido bastante acelerada, ya que en menos de un mes han adjudicado el contrato a Sagardoy Abogados, un bufete con experiencia en todo tipo de denuncias sobre precariedad laboral, ya que no solo han defendido a la Autónoma, sino que han representado los intereses de otras empresas como Glovo o Deliveroo frente a los que denunciaban unas condiciones de trabajo pésimas.
Sagardoy Abogados parece tener estipulada una tarifa para defender a las universidades de sus becarios. El importe público que irá a parar al bufete que ideó la reforma laboral es prácticamente el mismo que el que se gastó la Autónoma. Los conflictos de las universidades madrileñas con los becarios han reportado a los abogados en un año 180.000 euros procedentes de las arcas públicas.
Llama la atención que el proceso haya sido idéntico al de la Autónoma. La representación legal salió a concurso con un presupuesto base de licitación de 108.000 euros. La propuesta de Sagardoy Abogados fue la que mejor se adaptaba a las necesidades de la Autónoma, al igual que ha ocurrido con la Carlos III.
Los resultados avalan a Sagardoy Abogados. A pesar del punto de vista de los inspectores de trabajo y de la propia Seguridad Social, la UAM ganó el juicio contra sus becarios. Y entre celebración y brindis del Rectorado de la Autónoma, los alumnos han decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión del juez, con la esperanza de que se revierta la situación.
LO QUE CUENTAN LOS BECARIOS
Algunos de los becarios que trabajaron en la Universidad Autónoma de Madrid hablaron con MONCLOA.COM y detallaron su experiencia. “Si faltabas por algún examen tenías que avisarlo con antelación, apuntarlo en el cuadrante, y posteriormente recuperar horas”, aseguraba Eva (nombre ficticio), una de las becarias afectadas por el trato de la UAM. “Si faltaba más de un compañero además teníamos que movernos los demás para que ese día no quedase descompensado, si no, el trabajo era imposible de completar entre dos o tres”, comentaba.
Respecto al salario, existían dos modalidades, supuestamente según el estudio que estuvieras desarrollando: en grado, una jornada de 18 horas semanales se pagaba a 300 euros al mes (que con impuestos se quedaba en menos, unos 289). Y los que estuvieran estudiando un máster o estuvieran realizando el doctorado, cobraban por jornadas de 25 horas por semana unos 600 euros al mes (que también se quedaban en menos).
La realidad de los becarios, al menos la que han contado a este medio, encaja perfectamente con la denuncia interpuesta por la Seguridad Social. Sin embargo, la Justicia ha tenido otro criterio. Algo que también ocurre con los 540 becarios afectados de la Universidad Carlos III. Sin embargo, la universidad madrileña tiene una sentencia en la que apoyarse para pedir que no se les condene.
