La empresa Ilunion y los centros comerciales Carrefour se enfrentan a una demanda colectiva por no abonar las nóminas atrasadas de los casi 400 vigilantes que subcontrataron tras la quiebra de Ombuds. El sindicato Alternativa Sindical, que se encarga de la representación de los trabajadores de seguridad privada, ha denunciado a ambas empresas ante la Audiencia Nacional por no asumir la “responsabilidad solidaria de la deuda” que el grupo de los Cortina dejó en estos empleados.
Según afirman desde este sindicato, tanto a Ilunion como a Carrefour se le pueden reclamar estos impagos en virtud de “una doctrina del Tribunal Supremo en relación a una resolución dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)”. Este Tribunal europeo estableció que al producirse un importante trasvase de mano de obra de una empresa a otra, como es el caso, ambas “responderán solidariamente de las deudas con los trabajadores, no siendo válidas las limitaciones establecidas en el convenio”.
Es por ello que los representantes de los trabajadores siguen peleando para conseguir que a estos vigilantes, antes de Ombuds y ahora de Ilunion, le sean retribuidas sus nóminas atrasadas. En concreto, el grupo de seguridad de los Cortina, ya liquidado, les debe dos, la de junio y la extra de julio. Un monto que podría rondar los 800.000 euros a repartir entre los casi 400 trabajadores afectados.
ILUNION Y SU RELACIÓN CON OMBUDS
Ilunion asumió este verano los servicios de seguridad y vigilancia de Carrefour. La cadena de supermercados rescindió su contrato con Ombuds en estas fechas, tras conocer su delicada situación financiera que desembocó en un concurso de acreedores y tras tener constancia de que sus empleados tenían varias nóminas sin cobrar.
Ombuds tenía contrato en varios centros Carrefour distribuidos por toda España. En concreto, se encargaba del norte y centro del país, de Andalucía y del Levante, principalmente. Sin embargo, tras la rescisión del contrato, no todos ellos quedaron en mano de un mismo grupo. Prosegur se hizo con las unidades productivas del norte y centro, mientras que Ilunion se quedó con Andalucía y el Levante, entre otros. Los profesionales distribuidos en estos territorios son los que acumulan a día de hoy la deuda de Ombuds.
El portavoz de Alternativa Sindical, Alberto García, sostiene que la estrategia de Ilunion es “evitar por todos los medios pagar las nóminas adeudadas por Ombuds” y delegar esta responsabilidad en la empresa pública Fogasa. García recuerda que este grupo de seguridad ya ha intentado antes eludir esta responsabilidad, pasando por alto lo que “establece la sentencia del TJUE”.
“En el momento de firmar el contrato ofrecieron a los empleados subrogados una cláusula en la que el trabajador debía admitir ‘que todas las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a esta subrogación y que no hayan sido satisfechas o cumplidas con la anterior empresa, serán reclamadas única y exclusivamente a aquella, quedando liberada de esas reclamaciones’”, añade García. Esta cláusula fue denunciada por “ilegal” por Alternativa Sindical y finalmente fue retirada, aunque a día de hoy las empresas siguen sin abonar esta deuda.
Además de Ilunion y Carrefour, esta demanda de conflicto colectivo “en materia de reconocimiento de derecho de las condiciones laborales y salariales pactadas en el convenio” –nombre completo de la denuncia– también ha abarcado a otros grupos implicados. La propia Ombuds, su administrador concursal Baker Tilly Concursal y el Fogasa están incluidos y se espera que lleguen a un acuerdo en una mesa de negociación para estabilizar cuanto antes el futuro de estos vigilantes.
LOS VIGILANTES DE EMT Y METRO, EN VILO
Una última sentencia emitida esta semana por el Juzgado de lo Mercantil número 13 ha declarado la disolución de la sociedad y la apertura de la fase de liquidación. Ahora la administración concursal tendrá que reunirse con los sindicatos para “proceder al Expediente de Regulación de Empleo que afectará principalmente al personal de estructura, auxiliares de servicios y personal de seguridad privada” que todavía no haya sido asignado a otros grupos.
Actualmente hay más de 2.500 vigilantes que siguen trabajando en nombre de Ombuds, aunque esta empresa ya no exista como tal. Importantes organismos como la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), Metro o el lote 2 de prisiones (que afecta a las cárceles de Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid) todavía no han conseguido un nuevo adjudicatario para sus servicios.
Ahora comienza un proceso a contrarreloj para asegurar el futuro de estos miles de vigilantes y conseguir su subcontratación en otros grupos de seguridad. Algunos, como el lote 2 de prisiones, esperan tener un nuevo adjudicatario en los próximos meses, después de que quedara desierto el primer concurso público. Las unidades productivas de estos centros penitenciarios finalizaron su actividad laboral el 31 de diciembre, dejando sin seguridad privada a estas cárceles. Un trabajo que ha tenido que asumir la Guardia Civil y la Policía a la espera de que la situación cambie.
